Hasta la fecha el programa ha ejecutado más de Q13 millones, un incremento acelerado en comparación con los Q3 millones que se habían ejecutado hasta abril. Además, entre las dudas que lo rodean está que los departamentos en donde se reportan más excombatientes inscritos no son los que se vieron más golpeados en la guerra interna.
Del total de admitidos, 37 mil 65 fueron formalmente inscritos hasta abril, mientras que ocho mil 52 más están pendientes de cumplir con algún requisito, según información del Mides. No obstante, los datos son preliminares, por lo tanto, pueden variar.
Por departamento
La información del Mides muestra que Jutiapa es el departamento con más beneficiarios inscritos y en trámite de hacerlo, un total de cinco mil 738, en segundo lugar, está el departamento de Guatemala con cinco mil 489, seguido de Baja Verapaz, cuatro mil 36.
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Luego se sitúa Alta Verapaz con tres mil 535 y Santa Rosa con dos mil 810 personas. De los cinco departamentos más beneficiados solamente las Verapaces coinciden con los territorios que fueron más golpeados por la guerra interna.
En cuanto a los departamentos con los números más bajos se encuentran Sololá, con 881; Petén, 796; y Totonicapán, con 385.
Desde la perspectiva del analista político Jorge Wong resulta curioso que “se está beneficiando a personas fuera de las áreas que fueron más golpeadas (en el conflicto armado) y porqué se está haciendo ahorita”, resaltó.
También, Héctor Reyes director ejecutivo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) opinó que “por el momento político en el cual nos encontramos este grupo representa un caudal electoral amplio y definitivamente quieren beneficiar al mayor número de excombatientes”.
Añadió que ese gasto no lo ve como una dignificación de vida sino como “una medida asistencialista que beneficia a los partidos de extrema derecha que tienen en sus filas a candidatos con pasado militar”.
Beneficio en el poder local
Wong argumentó que la aprobación de la Ley y aplicación del programa pueden ser una herramienta política para atraer votantes a las alcaldías y diputaciones.
“Ya un caudal de 45 mil votos directos (de los beneficiarios) más las familias, ya se multiplica bastante el número”, refirió. Además, explicó que en la victoria de un candidato a alcalde, la diferencia entre una y otra planilla puede ser hasta de un voto, a diferencia de las elecciones de binomio presidencial para las cueles se suelen necesitar dos rondas de votaciones y la distancia entre el primer y segundo lugar es incluso hasta de más de un millón de votos, como ocurrió en el proceso electoral de 2015.
Más de Q13 millones ejecutado
En el presupuesto ejecutado del Mides de marzo y abril, se han desembolsado Q13 millones 398 mil en concepto de transferencias monetarias del Programa Temporal de Desarrollo Integral.
En marzo se hizo el primer desembolso, el Mides informó en esa ocasión que fueron tres mil 299 lo beneficiados, sin embargo, en la ejecución presupuestaria del mes fueron desembolsados Q3 millones 331 mil 990.
La transferencia mensual correspondiente es de Q1 mil por cada beneficiario, por lo que se comprendería que, en el primer mes, se benefició a tres mil 331 personas.
Para abril, el monto de la ejecución aumentó a Q10 millones 64 mil; es decir, el beneficio alcanzó a 10 mil 64 excombatientes.
A pesar de que hay más de 37 mil inscripciones aceptadas por la cartera de Desarrollo Social, solo el 27.2 por ciento habría cumplido con las acciones requeridas por el programa para poder recibir la transferencia.
La Ley establece que los exmilitares inscritos deben participar en los talleres de capacitación y actividades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn). Dicha cartera es la encargada de trasladar al Mides un informe con las personas que cumplieron con esta obligación.
Buscan ampliar inscripción
Este jueves 8 de junio, en sesión extraordinaria, el Congreso, discutirá reformas a la Ley de Desarrollo Integral para ampliar el plazo de inscripciones al programa, que venció el 10 de abril.
Aunque sería la primera reforma, no se descarta que puedan haber más, ya que, tras el descontento de algunas organizaciones de exmilitares por la aprobación del decreto, en abril, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso se reunió con los excombatientes quienes exigieron se derogue la ley que les beneficia con Q36 mil y se apruebe la que les otorgaría Q120 mil de indemnización en un solo pago sin hacer ningún trabajo a cambio.
En dicha la reunión, los diputados Javier Hernández y Álvaro Arzú Escobar explicaron a las asociaciones que era más factible enmendar al ley ya aprobada en vez de derogarla y aprobar otra. “Apoyo el discurso del diputado Arzú, a quien me refiero con mucho respeto, en el que busquemos cambiar el decreto 51-2022”, afirmó Hernández.
Cuando fue aprobada la Ley, las asociaciones que exigían el pago de Q120 mil con la iniciativa 5664, presionaron con protestas y bloqueos, frente al Palacio Legislativo y amenazaron con “problemas serios” si no se cumplían sus demandas.
