¿Quién con tres dedos de frente y una deuda de Q214 mil se plantea abonar Q20 mil en un año pero sin reducir sus gastos y, por el contrario, aumentando algunos, para lo cual se mete a prestar otros Q13 mil? Bajo tales cifras terminará debiendo, si bien le va, y si no, termina gastando más, y si no lo asaltan, alrededor de Q207 mil, claro, sin incluir intereses. Sin embargo, esos son los cálculos, pero en miles de millones de quetzales, sobre los cuales se plantea el primer borrador del anteproyecto del Presupuesto de 2024, que alcanzaría un monto de Q124 mil millones, el cual excede en Q9 mil millones al inflado, estéril y opaco plan de gasto del año en curso.

Con la usual displicencia, indiferente inercia e irresponsable indolencia propia de los burócratas, el Ministerio de Finanzas presentó tal proyección, que incluye la solicitud de préstamos por Q3 mil 334 millones y emisión de bonos por más de Q10 mil millones mientras que se abonarían, supuestamente, Q20 mil 778 millones al pago de la deuda pública, que actualmente se encuentra en Q214 mil millones, sí, esa deuda que corresponde a cada guatemalteco, incluyendo los que están por nacer, a razón de casi Q12 mil por persona.

El pretendido gasto, trazado según los deseos de cada ministerio y dependencia estatal, será ejecutado por el siguiente gobierno, por lo cual sería prudente, adecuado, recomendable, involucrar a quienes resulten electos para la segunda vuelta electoral. Según los sondeos, la propia historia y la abrumadora multiplicación de aspirantes, es improbable que alguien logre la mitad más uno de todos los votos válidos. En los últimos días de la campaña electoral bien valdría un alegato presidenciable en contra de tal despilfarro.

Lo grave, lo preocupante y lo desastroso es que se siguen privilegiando los gastos de funcionamiento muy por encima de la inversión para el desarrollo humano, la productividad y la competitividad. A pesar de todos sus reclamos en cuatro campañas, el mandatario Giammattei Falla terminó haciendo lo mismo que criticaba: acrecentar los gastos, incluyendo los de entidades que en campaña fustigó y prometió desaparecer. Ya de salida no le queda más que presumir de dejarle algunos fondos a quien le suceda, así como adeudos obligados a espaldas de los contribuyentes como los pagos a supuestos exmilitares o aumentos salariales en el Congreso, el Organismo Judicial y del lesivo pacto magisterial firmado a escondidas en 2022.

Es previsible que en un Congreso de depurados, un panorama cuya proporción se definirá el próximo 25 de junio, predomine la popularmente llamada “ley de Hidalgo”. La discusión presupuestaria, de por sí contaminada por criterios clientelistas, pactos de intereses y amaños bajo la mesa, pase a ser un bufet de asignaciones y amarre de negocios para diputados contratistas y allegados, algo sobre lo cual la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público deberían tener especial monitoreo, aunque en el ínterin los amenacen con reducirles el presupuesto si fiscalizan.

El monto del presupuesto del 2024 no debería exceder el vigente este año, y los dictámenes para nuevos créditos no deberían ser emitidos tan fácilmente por la Junta Monetaria, aunque el actual presidente del Banco de Guatemala haya sido el titular de Finanzas por casi tres años. Quede quien quede y pase quien pase al balotaje, es tiempo de ponerle fin al desorden y al despilfarro. Los compromisos en esta línea pueden marcar papeletas también.