Los amonestados son el alcalde de Cuilapa, Esvin Marroquín Tupas; y Freddy Salazar, diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) a quienes se les negó su participación en los comicios al estar señalados por narcotráfico y tener solicitudes de extradición por los Estados Unidos.
Marroquín Tupas, alcalde de Cuilapa, sigue promoviéndose en redes sociales pese a que no fue inscrito y que el 6 de junio recién pasado fue despojado de su inmunidad por los señalamientos en su contra.
El Ministerio Público (MP) señaló al mismo tiempo a Marroquín Tupas y a Salazar en diciembre de 2022, junto a otros funcionarios por su supuesta vinculación al narcotráfico.
Sanciones
El pasado 1 de junio de 2023, el Registro de Ciudadanos también había sancionado por hacer campaña sin estar inscritos, al expresidente Alfonso Portillo, del partido Viva; así como al diputado Aldo Dávila, del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). En ambos casos se impuso una sanción por el mismo concepto y monto, de US$50 mil.
Según los procesos, inicialmente el órgano electoral abre un expediente y, en caso de determine un incumplimiento a la ley, emite una amonestación pública. Además del llamado de atención verbal, se solicita que se retire toda la campaña de aquellos que no estén inscritos, pero estén promoviendo su imagen.
No obstante, al ser reincidentes y no acatar las órdenes, el Registro ha procedido a imponer las multas económicas.
#DecisionLibre2023 | El Registro de Ciudadanos sanciona con US$50 mil al alcalde de Cuilapa, Esvin Marroquin Tupas; y a Freddy Salazar, diputado al Parlacen, por hacer campaña sin estar inscritos. Se les negó su participación por solicitudes para ser extraditados a EE.UU. pic.twitter.com/oEOk7vHfG5
— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) June 12, 2023
Llamado
Cuando se anunciaron las primeras amonestaciones, el pasado 1 de junio, la presidenta del TSE, Irma Palencia, llamó a los partidos políticos para que respetaran la ley y los procedimientos de campaña y “no pretender engañar a la población” al intentar captar un voto a través de una persona que no está inscrita.
Portillo se postuló como candidato a diputado al Congreso de la República, como lo vienen haciendo desde 2015, pero el TSE revocó su candidatura por considerarlo no idóneo, basándose en lo establecido en el artículo 113 constitucional tras cumplir una condena por lavado de dinero en los Estados Unidos.
El TSE confirmó que las sanciones se imponen individualmente a aquellos a los que se les revocó la candidatura, así como a los partido políticos que los promueven como parte de su campaña electoral.
