El 9 de marzo del 2022, Alejandro Giammattei reconoció oficialmente a Guatemala como capital provida de Iberoamérica. Si entonces me pareció una contradicción mayor, tanto por el mensaje como por el mensajero, ahora me parece un absurdo de dimensiones colosales. Cuando cruzamos cifras, hechos y estudios diversos, nos damos cuenta de que estamos más cerca de ser la capital procorrupción, proexclusión y promuerte de Iberoamérica que de ser un lugar donde se respeta la vida.

Mientras el rubro de ingresos por remesas de migrantes crece, al punto de ser casi un 19% del PIB actual de Guatemala, suceden cosas que no nos dejan indiferentes. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Save the Children, en consorcio con la plataforma Joining Forces, acaban de publicar el cuarto informe de monitoreo de enero a marzo de 2023, del presupuesto del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán) y otras actividades relacionadas con la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en Guatemala. Allí señalan: “Al 1 de abril de 2023, las autoridades sanitarias han detectado 6,507 casos de niños y niñas menores de 5 años sufriendo desnutrición aguda, 38.0% más casos que a la misma fecha de 2022. Para 2023, el incremento de los precios de los alimentos sigue siendo una de las principales problemáticas que agravan la inseguridad alimentaria de las familias. Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas tienen a marzo de 2023 un aumento interanual del 14.6%, en tanto la canasta básica de alimentos se incrementó en 17.2%.

Los datos de la última encuesta de empleo e ingresos muestran que solamente una de cada cinco personas ocupadas recibe ingresos suficientes para costear la canasta básica alimentaria. En 2023, el presupuesto vigente que la Administración Central destina al Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán) y a otras acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) alcanzan Q11,195.6 millones (USD 1,430.1 millones), equivalentes a 1.4% del producto interno bruto y a 9.5% del presupuesto total de egresos. A marzo de 2023, se han ejecutado Q2,323.6 millones, 20.8% del presupuesto vigente. El programa de Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica, el más relevante en materia de SAN, tiene un presupuesto vigente de Q1,244.2 millones, con una ejecución del 16.7% (Q208.3 millones), y todos los productos de este programa tienen una ejecución física menor a 25.0%.”

Otra noticia de las malas que salen cada día entre algunas buenas, se publicó en el diario La Hora, y hablaba sobre el actual subgerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), señor Héctor Fajardo Estrada, antes integrante de la Secretaría Privada de la Presidencia del gobierno. La nota recoge datos y cifras que indignan, sobre todo en una Guatemala donde la salud es escasa y los medicamentos son más caros que en muchos otros países del resto del mundo.

Días antes, ese mismo diario había publicado que esas adjudicaciones del IGSS habían encendido las alarmas, por precio de compra versus precio de mercado. Investigando más, La Hora determinó que Fajardo es una pieza clave, ya que está a cargo de los departamentos de Abastecimiento, Servicios Contratados, Legal, Informática, División de Desarrollo de Sistemas, Operaciones, entre varios más. Él había firmado los contratos con Lanquetín, S. A. (¡única oferente!) por la compra de dos tipos de medicamentos por un monto total de Q377,357,289.49. La cifra representa el 19% del presupuesto de la institución para adquirir medicinas. “El Clopidogrel de la marca Plavix el IGSS lo adquirió (…) a un costo de Q18.81 por unidad, el precio de mercado está en Q5.33 (…)”. Hay mucha gente metida en este tipo de transacciones que no son de listos, sino de asesinos y ladrones. ¿Cómo pueden dormir sabiendo los efectos de su corrupción?