En la construcción de mejores sociedades siempre representan un papel básico los gobiernos y legislaturas, como depositarios de la voluntad popular, una responsabilidad que a veces queda como rehén de conflictos de interés, de ambiciones desaforadas y de subterfugios paralegales que erigen laberintos en los cuales se extravían los ideales de desarrollo, el potencial competitivo y hasta la autoestima de los ciudadanos.

Pero allí es donde entra un rol protagónico: el papel de la iniciativa privada como la principal generadora de riqueza en las naciones, gestora de la productividad y promotora de las oportunidades laborales para millones de habitantes. Quienes no trabajan para una compañía privada, es porque han decidido fundar un emprendimiento, quizá personal, quizá con tres, cuatro o 10 empleados, pero el paradigma es el mismo: la visión de crecimiento.

Es en este punto en donde muchísimos políticos y funcionarios pierden la noción de la responsabilidad, dejan de cumplir con la labor de propiciar la competitividad, de retirar trabas burocráticas y descuidan el fundamental ejercicio de brindar seguridad jurídica. Esto último es especialmente relevante, porque abarca la garantía de transparentar procesos de autorización, adquisición y operación, así como reducir cualquier resquicio de corrupción en el cumplimiento de trámites y estándares de funcionamiento interno. Cuando ciertas autoridades pierden el mapa ético y le juegan la vuelta a la legalidad, no solo dañan la institucionalidad, sino la competitividad.

Entonces, entran en juego dos fuerzas enormes. Una es externa, las regulaciones internacionales, en materia de tratados, declaraciones, acuerdos y normas signadas por los países. La otra es interna, la unificación de convicciones de la iniciativa privada en materia de probidad, sanas prácticas, exigencia de respeto a los derechos fundamentales y compromiso con la excelencia para brindar bienes y servicios de calidad en un entorno competitivo nacional, regional y global.

Por eso es tan loable y digno de seguir el ejemplo trazado por 10 empresas líderes, pertenecientes a la Alianza por Centro América para frenar la migración forzada, de firmar proactivamente una declaración de total respeto, apego y defensa del estado de Derecho en el Triángulo Norte, lo cual implica un compromiso total con sanas prácticas empresariales, la generación de oportunidades y la defensa de libertades.

Estas visionarias compañías son, en orden alfabético: AgroAmerica, Grupo Mariposa, Corporación AG, Mastercard, Microsoft, Millicom, Pantaleón, Parkdale Mills, PepsiCo y PriceSmart, cuyos estándares de funcionamiento ya eran altos, pero que ahora se elevan aún más, en busca de aportar más a las sociedades donde trabajan.

No son procesos sencillos. Por el contrario, requieren de inversión en transformación, homologación de procedimientos y constante monitoreo de tal cuentadancia. Sin embargo, se trata de una praxis virtuosa, porque genera nuevas eficiencias, enriquece los protocolos de todos sus colaboradores y, sobre todo, aporta acciones concretas en la construcción de democracias competitivas.