Cuando la entidad pública a cargo de auditar la transparencia y la legítima procedencia del financiamiento electoral de partidos políticos se cruza de brazos a esperar que estos le entreguen lo que quieran reportar, sin cotejar con rigurosidad los dispendiosos gastos de campaña, el país está ante el peligro de caer en la esfera de influencia de grupos del crimen organizado, narcotráfico y contrabando, y también de contratistas de obra pública a los que solo les interesa el lucro y no la calidad de la infraestructura, de proveedores voraces que solo quieren ampliar pedidos de insumos en dependencias del Estado a precios exorbitantes y si se puede, fraccionados, para intentar evadir la fiscalización.

Es pasmoso el conformismo y la displicencia con que la Unidad de Fiscalización de Gasto Electoral valida los datos presentados por los partidos en contienda. El informe de mayo último refiere un egreso de Q12.3 millones financiados por donadores privados, una cifra irrisoria si se observa el despliegue nacional de publicidad efectuado por aspirantes a alcaldías, diputaciones y presidencia, en vallas, anuncios de radio, pauta en redes sociales, pero sobre todo en giras y actos de campaña en los cuales no faltan los deplorables —y prohibidos— repartos de electrodomésticos, bicicletas, motos, víveres y más.

Resulta anodina una unidad de gasto que solo copia y pega los reportes de las organizaciones, como si no existieran suficientes antecedentes de infiltración de dinero sucio con obvias intenciones de copar puestos de poder. Dicha unidad honraría su nombre si en efecto inspeccionara la publicidad declarada contra la instalada o las actividades desarrolladas, con facturas electrónicas adjuntas y las declaraciones actualizadas de ingresos de los supuestos financistas.

Hay algunos partidos que acaparan la mayoría del gasto, pero incluso así, si se repartiera el monto de Q12.3 millones entre la treintena de organizaciones participantes el resultado seguiría siendo inverosímil, unos Q410 mil por partido, lo cual deja entrever la existencia de líneas de efectivo subterráneas que le juegan la vuelta a la permisiva, por no decir negligente, autoridad electoral. Lo más lamentable es que la ciudadanía termina pagando, multiplicadas con creces, dichas inversiones clientelares y electoreras.

“Nosotros no podemos evitar que hagan esto y lo otro. Ellos —los partidos políticos— tienen que rendir cuentas ante el TSE de los gastos que efectúan en campaña”, fue la desalentadora respuesta del magistrado Mynor Franco al ser cuestionado sobre por qué el Tribunal no sanciona a las agrupaciones que intentan comprar el voto a través de regalos y sorteos clientelares en los mítines.

Los conflictos de interés y las fidelidades partidarias previas de los magistrados electos en el 2020 exhiben sus consecuencias más graves en el proceso electoral. No son las primeras, porque le alargaron la vida a un narcopartido, libraron de procesos por delitos electorales a varias figuras más que cuestionables y ahora, como colofón, divulgan sin sonrojarse las oquedades de los reportes de gastos de campaña. Quizá sea simple indolencia o total incapacidad para ejercer la responsabilidad para la cual fueron designados. Por ello es preciso recordar que su elección transcurrió a toda prisa, en una sesión legislativa armada a escondidas, a las puertas del cierre por la pandemia, lo cual obstaculizó cualquier reclamo ciudadano. Esa, por cierto, es otra cuenta pendiente del oficialismo legislativo, muchos de cuyos integrantes ahora quieren reelegirse ofreciendo servir al Pueblo.