Las denuncias iniciaron incluso antes que iniciara la campaña, con la documentación de vehículos con placas oficiales presentes en las asambleas donde se proclamaron candidatos, como fue el caso de la Unidad de la Esperanza Nacional (UNE) y el oficialista Vamos por una Guatemala Diferente.
Además, tanto la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt), como Mirador Electoral han denunciado casos de posible uso de recursos del Estado en campaña política.
Los casos recopilados por ambos observatorios señalan la entrega del Programa del Adulto Mayor, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, además de compras realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Sin dejar de lado hallazgos en la ejecución de los programas sociales de las diferentes alcaldías, que han mostrado una tendencia de incrementar presupuesto y entregas justo en los meses de campaña electoral con relación a los años anteriores.
Acciones
El 25 de junio las instituciones correspondientes deben velar y verificar que no se utilicen recursos del Estado bajo ningún concepto. La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) prohíbe en su artículo 223 el uso de recursos y bienes del Estado.
De acuerdo con las declaraciones del magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rojas, la entidad coordinará esfuerzos con el Ministerio Público (MP).
“Lo que se ha determinado con el MP es precisamente la coordinación que la señora fiscal ha girado a los coordinadores de fiscalía y a los fiscales de toda la República en cuanto a poder accionar cuando los casos lo requieran”, argumentó el magistrado.
La Fiscalía de Delitos Electorales, encabezada por Lisbeth Pérez de Paz, añadió que sus acciones estarán coordinadas con las instituciones, como la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y otras instancias.
“Nos coordinamos para actuar en cualquier incidencia que ocurra en cualquier centro de votación, además el MP cuenta con grupos de apoyo de incidencias fiscales, son quienes ven aquellas situaciones en la que el personal se tenga que desplazar a alguna zona y procesar una escena”, aseguró.
Además, dentro del plan operativo anunciado estarán al menos tres mil trabajadores de turno para cualquier incidencia electoral que ocurra, de acuerdo con la Fiscal General, Consuelo Porras.
Por otra parte, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una aplicación en la que se podrán ingresar denuncias en cuanto a uso de vehículos, entrega de alimentos, uso de transporte oficial, alquiler de transporte con fondos públicos, uso de combustible, entre otros aspectos. Las denuncias podrán ser remitidas por los auditores de la institución desplegados en los centros de votación.
De los reportes realizados serán examinados posteriormente para determinar o no las sanciones o denuncias respectivas. Además, que se recibirán los reportes de la ciudadanía y observadores en la aplicación de denuncia ciudadana o al centro de llamadas 1506.
Tanto el MP como la CGC detallaron que contarán con sistemas que permitirán conocer la ubicación en tempo real de su personal a manera de monitoreo.
Observadores
La MOE-Gt y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) detalló que desplegarán observadores en alrededor de 1 mil 200 Juntas Receptoras de Voto (JRV) para verificar el proceso y los resultados.
Esto a partir de una muestra aleatoria y representativa. De los 340 municipios la Misión estará presente en 282 y se considera el voto en el extranjero como un distrito adicional.
La Misión aclaró que por cada departamento se designaron también coordinadores que tendrán a su cargo la supervisión de entre 17 y 58 observadores. En Guatemala se asignaron siete, en Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché fueron asignados dos, mientras en los demás departamentos solo uno.
“Si hay incidentes específicos de violencia dentro de los centros de votación observados nosotros vamos a reportarlos”, afirmó Natalia Gámez, vocera de la MOE-Gt.
Además, señaló que se remitirán informes con lo recabado en cuanto a uso de recursos del Estado, desempeño del TSE, entre otros.
También la Misión mantiene comunicación directa con la Mesa Ampliada de Conflictividad y en caso se detecten hechos de violencia o conflictos que requiera respuesta inmediata por parte de las instituciones, la información se remitirá para la atención necesaria.
