El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene ante sí una prueba de su capacidad de gestión y decisión, con implicaciones que alcanzan la credibilidad y confianza ciudadanas. Se trata de casos aislados, pero importantes, de impugnaciones contra ciertos resultados en elecciones de alcaldías, como el de la comuna capitalina y la de Chinautla, en los cuales se piden acciones legales para la nulidad de distintos momentos del proceso.

Acerca de la Municipalidad de Guatemala, donde la diferencia es de poco más de 500 votos entre los candidatos del Partido Unionista y Creo, la Junta Electoral del Distrito Central, a través de un comunicado de prensa emitido ayer, anunció que estaba suspendido el proceso de adjudicación de cargos para dicha corporación edil, como resultado de un recurso de nulidad interpuesto por Creo, y acciones similares de otros partidos, lo cual solo puede ser conocido y resuelto por el pleno de magistrados. Sin embargo, el TSE respondió que no le corresponde.

En el caso de las votaciones en el departamento de Guatemala, 15 partidos abandonaron la audiencia de revisión de actas, efectuada el lunes, los cuales aseguran que presentarán recursos legales en contra de la Junta Electoral Departamental de Guatemala para que se ordene una revisión, acta por acta, por supuestas inconsistencias detectadas. Por su parte, el Tribunal emitió también ayer un comunicado en el cual declara no tener competencia y que es una responsabilidad exclusiva de las juntas receptoras de votos. En todo caso, si no existe ninguna anomalía y los procesos se efectuaron con total apego a los mecanismos históricos del TSE, no debería existir problema alguno para auditar el proceso.

En el 2019 hubo una situación parecida a causa de cuestionamientos al sistema digital utilizado por el anterior TSE, que días antes de los comicios había presentado un fallo informático denominado “error 21”, el cual se corrigió. En ese entonces el pleno decidió, cuatro días después de la primera vuelta, contar de nuevo todas las actas para evitar la violencia electoral que también se registró en ese año, que ocasionó la muerte de una persona en disturbios y dejó policías heridos.

Se trata de una decisión complicada para el Tribunal, porque no se desea promover reclamos semejantes de otras comunas en las cuales siempre existen obvios descontentos de quienes fueron derrotados y que buscan imponerse por vías ajenas a la voluntad popular. Por lo tanto, corresponde al TSE otorgar o denegar recursos con fundamento en la norma y resoluciones precedentes.

Hasta ayer se habían registrado 24 incidentes de violencia, que comenzaron al día siguiente de las votaciones, en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Retalhuleu, Alta Verapaz, San Marcos, Baja Verapaz y Jutiapa. Si el TSE decide otorgar una petición de nulidad o recuento, en cualquier caso deberá hacerlo solo si hay indicios pertinentes y concretos, no por arengas, animadversión o presiones que respondan a intereses personales o partidarios. En un intento de parafrasear las palabras del propio TSE en su comunicado de prensa, “la pureza y confianza del proceso electoral” descansa en todos los actores, y esto incluye al pleno de magistrados. Es por ello que la decisión final debe ser a nivel de Tribunal, como una muestra de la gallardía y legalidad que el propio TSE pide a los ciudadanos para aceptar los resultados electorales.