De esa cuenta se convocó a nuevas audiencias de revisión de escrutinio de votos que realizaron las Juntas Electorales Departamentales (JED) y del Distrito Central (JEDC), momento en el que los interesados podrían presentar impugnaciones en las actas que, a criterio de los partidos políticos, no estén del todo claras. El proceso comenzó este martes en el Parque de la Industria.
La resolución de la CC indica que la situación tiene que resolverse antes de la segunda vuelta electoral, el próximo 20 de agosto.
En los resultados que dieron a conocer el 25 de junio fueron Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que consiguió el 15.88% de los votos; y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, con el 11.78%, entre los que se daría el balotaje. La acción de amparo paraliza la oficialización de estos resultados.
Entre desorden y caos, la revisión se ha realizado sin total claridad del alcance del amparo provisional, pues se cuestionaba si es delito o no abrir las cajas para contar las papeletas electorales, como lo han pedido los partidos Cambio, Vamos y Poder.
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
Durante la revisión de escrutinios el martes 4 de julio, la JED de Retalhuleu procedió a abrir las cajas electorales para revisar los votos impugnados, lo que se hizo para cotejar las actas incluidas en el amparo que otorgó la CC. La JEDC procedió de la misma manera, sin embargo, la revisión quedó suspendida y se convocó para este miércoles a las 8 de la mañana para iniciar el cotejo de las 10 mil 115 actas en los cinco tipos de elección -cada uno se debe designar a un fiscal informático-. La acción de abrir las cajas fue cuestionada por varios sectores que lo califican como un delito, y que atenta contra el proceso electoral. Mientras que el partido Cambio, a través de su secretario general adjunto, Jorge Baldizón, presentó una nueva acción ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se abran todas las cajas electorales para revisar los resultados electorales en todo el país.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
A 10 días de realizada la primera vuelta de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha oficializado los resultados de las votaciones tras acatar un fallo de la CC, que amparó el 1 de julio de manera provisional a un grupo de nueve partidos políticos - Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, Creo, UNE, Cabal y Azul- para repetir las audiencias de revisión de escrutinio de votos. Ahora las juntas electorales del país deben repetir la audiencia de revisión de escrutinios, proceso en el que podrían presentarse impugnaciones en actas que se consideren no haya claridad en los resultados. Se da un plazo de cinco días para el desarrollo de este trabajo. “En ejecución de los resuelto por la CC y en tanto se dilucidan las situaciones aludidas en su resolución, este órgano colegiado suspende la calificación y oficialización de resultados de las Elecciones Generales”, dice el TSE en un comunicado.
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Dos abobados y un exmagistrado del TSE difieren en los criterios con respecto a la legalidad de abrir las cajas electorales para el reconteo de votos, que fue ordenado por la CC. El exmagistrado Jorge Mario Valenzuela menciona que en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) no está regulado el reconteo de votos, pero el amparo provisional que otorgó la CC faculta a que se realice un nuevo conteo en casos donde sea necesario a criterio de la JED que corresponda. A criterio del constitucionalista Aquiles Faillace lo que la CC ordenó es volver a realizar las audiencias de revisión de actas y solo se pueden revisar las que hayan sido impugnadas, no se pueden revisar todas. El abrir las cajas electorales como sucedió en Retalhuleu para hacer un recuento de votos, agrega que es “ilegal”. Por su parte Edie Cux, de Acción Ciudadana, menciona que el proceso es aceptado “solo cuando se determine que existe una impugnación válida y que se ha hecho ante la Junta Receptora de Votos y que es de las actas que se impugnaron dentro de la sentencia de la Corte Constitucionalidad”. Hasta ahora, agrega, se han dado casos aislados. Tanto Faillace como Cux indican que violentar las cajas sin ningún motivo pone en peligro el proceso electoral, puede ser causa, incluso, de nulidad de las elecciones celebradas el pasado 25 de junio. Esto podría llevar a una crisis política en el país. “No creo que estén favoreciendo a nadie en especial, lo que sí creo es que buscan anular las elecciones y que se repitan, y en ese proceso descalificar a más candidatos”, agrega Faillace. Es imprescindible, según Cux, que el TSE aclare a las JED los procedimientos que se establecen en el artículo 111 del Reglamento de la Lepp. Además, hace el llamado a los fiscales que de alguna forma están presionando a las juntas electorales a que se abstengan de intimidaciones. Mientras que Valenzuela agrega que debe respetarse la voluntad popular y los resultados, y si hay impugnaciones deben de resolverse con forme a derecho y de manera inmediata.
