Ante el silencio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la misma ciudadanía salió en defensa de las juntas electorales durante el cotejo de resultados ordenado por la Corte de Constitucionalidad a través de un extraño amparo provisional concedido a una solicitud presentada por nueve partidos. De estos ya se han desligado varios interponentes, aunque eso no los hace menos corresponsables del reproceso generado, ya sea por despiste, débil liderazgo o estulticia útil a otras agendas. Queda para el escrutinio histórico el mutismo de los magistrados electorales, que debieron apercibir a fiscales y partidos que prácticamente acosaron a las juntas para presionarlas a abrir las cajas con papeletas, un acto que habría puesto en riesgo la integridad del proceso electoral.

Los miembros de las juntas mantuvieron el aplomo, y pese a que en algunos casos denunciaron incluso la presencia de individuos armados, tienen la certeza ética de cumplir un servicio cívico por amor a la patria. Son voluntarios sin afiliación partidista ni más convicción que la de recibir, asegurar y registrar los votos que expresan la voluntad soberana depositada en las urnas para dar continuidad al proceso democrático, a fin de designar a las próximas autoridades ediles, legislativas y los binomios que pasarán al balotaje por la Presidencia.

Abundantes y unánimes han sido las exigencias de estudiantes, profesionales, exmagistrados electorales, organizaciones no gubernamentales, entidades empresariales, institutos de análisis, obispos, prensa independiente y países amigos para que se garantice la continuidad del proceso de oficialización de datos y segunda vuelta electoral dentro de los plazos planificados, en favor del estado de Derecho, la credibilidad institucional y la certeza jurídica.

Con el 83% de actas revisadas, correspondientes a 20 de 24 juntas electorales departamentales que han terminado los cotejos, se confirman los resultados con muy pocas variaciones. Esto evidencia la confiabilidad del sistema electoral ideado por los constitucionalistas, un trabajo colegiado, colaborativo y descentralizado, organizado por niveles: mesas de votación, coordinación de centros, juntas municipales y departamentales, cuyas acciones son observadas por delegados de los partidos en contienda, quienes deben presentar impugnaciones en plazos perentorios.

Por ello surge la grima acerca de reclamos efectuados por partidos cuyos fiscales se retiraron de algunas mesas antes del final del conteo de votos. También se van desvirtuando los reclamos de supuesto “fraude”, una palabra pesada que se revierte en contra de quien la profiere sin evidencias. Quizá por ello al amparo provisional se le han ido cayendo los querellantes y mientras menos quedan se atisba el trasfondo.

Una vez concluidas las audiencias de revisión, el Tribunal Supremo Electoral debe certificar los resultados apegado a la legislación vigente, una potestad contra la cual no deberían pesar diatribas extemporáneas o intereses sectarios de micropartidos claramente rechazados por la ciudadanía el 25 de junio, la cual los sentenció a desaparecer y, por ende, carecen de representatividad. En todo caso, no deberían culpar a los ciudadanos, sino exhumar sus estrategias, revisar las inconsistencias de sus figuras y, sobre todo, demostrar los supuestos valores que pregonan. Solo la ciudadanía protege a la ciudadanía es un axioma cuya validez se refrenda gracias a la integridad de las juntas electorales: un bastión de la democracia porque asegura la decisión de los guatemaltecos, por los guatemaltecos y para los guatemaltecos.