El proyecto de control telemático penitenciario, es decir, la utilización de tobilleras electrónicas para poder otorgar prisión domiciliar monitoreada a algunos sospechosos de delitos, a fin de desocupar centros de detención preventiva, se comenzó a mencionar hace una década. Después de un parsimonioso recorrido en el Congreso se aprobó la ley respectiva en el 2016. Sin embargo, pasarían casi siete años más para que se materializara un contrato para el alquiler de equipo y la puesta en marcha de esta medida sustitutiva. Cabe suponer, también, que el Organismo Judicial se preparó para su administración.

No fue una adquisición de precio módico. En febrero se asignó, tras varios intentos fallidos, un contrato por Q110 millones. El principal ruido de las adjudicaciones previas y anuladas fueron conflictos de interés y sospechas de tráfico de influencias. Esto, a su vez, atrasó la implementación del programa, que al fin fue lanzado por el Ministerio de Gobernación el 1 de junio del 2023 como una vía tecnológica para reducir el hacinamiento carcelario, situación que representa un alto riesgo, sobre todo para quienes incurren en un posible delito por accidentes de tránsito y no tienen antecedentes penales.

En concreto, el proyecto busca asegurar la permanencia de una persona ligada a proceso dentro del radio de prisión domiciliar dictaminado por un juez. La señal emanada por la tobillera electrónica, cuyo alquiler es pagado por el usuario, es rastreada por tres canales distintos, incluido uno satelital. En caso de salir del área permitida, el centro de monitoreo lanza una alerta y la Policía Nacional Civil procede a la captura y traslado a un centro penitenciario. Hasta ahí todo suena promisorio.

Lo que se veía como una panacea contra el hacinamiento avanza a paso lento. Un solo detenido ha sido beneficiado con la medida. En teoría, el sistema de justicia venía preparándose desde hacía años para su aplicación y sin embargo esta no se agiliza, a pesar de que ya se está pagando por el servicio y el centro de monitoreo, con un contrato que tiene plazo perentorio. El problema es que solo se trata de una arista de un enorme dodecaedro.

El Sistema Penitenciario no ha tenido mayores cambios durante el mandato de Alejandro Giammattei, exdirector de Presidios. El hacinamiento persiste y la corrupción, al parecer, sigue campando a sus anchas. En las requisas de penales se siguen encontrando ilícitos, como celulares, terminales de internet, electrodomésticos, licores, drogas y en no pocas ocasiones, armas, lo cual pone de manifiesto la persistencia de redes internas de trasiego. Y ni qué decir de las extorsiones detectadas desde el interior de los centros carcelarios. Se creyó que por la experiencia del presidente Giammattei se contaría con un plan de modernización, mayor vigilancia y programas para impulsar la reinserción.

Desde hace más de una década se han recibido propuestas de expertos para transformar el sistema penitenciario, tanto en su infraestructura física como organizacional, a fin de frenar la vulnerabilidad a la corrupción y establecer niveles de restricción según el tipo de reclusos y delitos, para resguardo ciudadano. Por otro lado, las medidas sustitutivas siguen siendo discrecionales. De esa cuenta, hay procesados por graves casos de corrupción en el aparato público que se inmiscuyen en temas políticos y denotan la continuidad de viejos nexos, sin mayor cambio, con autoridades judiciales, sin que ningún togado les aperciba sobre el carácter condicional de su libertad.