La mañana del 13 de julio, El MP llevó a cabo allanamientos en el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a raíz de la denuncia sobre afiliación ilegal, pues según el ente investigador podrían haber 5 mil inscripciones irregulares de afiliación al Movimiento Semilla.
Estas acciones del Ministerio Público han movido a la opinión pública nacional e internacional, el pronunciamiento de distintos gobiernos, cooperantes; cámaras empresariales, agrupaciones políticas, civiles y gremiales, en repudio a la judicialización del proceso electoral, al punto que se escuchan en el ambiente que Guatemala vive un golpe de Estado o golpe de Estado técnico.
Para comprender a qué se refieren estos conceptos y si la coyuntura que vive Guatemala cabe en esas categorías, Prensa Libre consultó con varios expertos en derecho, sobre los hechos que se desarrollan en el país, en un momento en que la ciudadanía espera que se celebren la segunda vuelta electoral para elegir presidenciables, entre los candidatos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del Movimiento Semilla.
Golpe de Estado, uno con violencia y otro sin violencia
Para el abogado constitucionalista Alexander Aizenstatd, lo primero es definir que por golpe de Estado se entiende la remoción de un gobernante legítimo por un grupo de poder ilegítimo haciendo uso de la fuerza o la amenaza.
Mientras que por golpe de Estado técnico se puede entender la remoción de un gobernante legítimo a través de acciones disfrazadas de legalidad, con resoluciones supuestamente conforme a la ley, pero que son contrarias a disposiciones constitucionales y aspectos de democracia esenciales.
“Lo que aquí hay es un rompimiento del orden constitucional, un irrespeto a las funciones constitucionalmente delegadas en el TSE, un abuso de los procesos judiciales ordinarios que afectan las decisiones legítimas de los electores, manifestadas en la primera vuelta electoral”, enfatizó Aizenstatd.
“Cuando un órgano del Estado asume facultades que la Constitución y las leyes constitucionales no le otorgan, está en una usurpación de atribuciones indebida, que afecta poderes estatales constituidos”, reiteró el abogado.
Guerra judicial para consolidar golpes
El también abogado constitucionalista Gabriel Orellana, señala que golpe de Estado es un concepto muy ambiguo, ya que admite muchas modalidades. En el tiempo ha evolucionado en distintas manifestaciones y que superó aquella donde usualmente los militares tomaban el poder de una manera violenta.
“El golpe de Estado tenía una connotación más gráfica, porque era como el somatar la mesa. Pero hoy en día esas prácticas han cambiado y ahora se basan en fórmulas más sofisticadas, entre estas, la toma del poder sin el uso de la fuerza, sino mediante mecanismos de tipo político, en unos casos, y jurídicos, en otros”, dijo Orellana.
“Se trata de la aplicación de lo que se llama el “Lawfare” o la guerra judicial, donde en vez de armas se utilizan instrumentos jurídicos y en algunos casos el apoyo de ciertos sectores de poder, la fuerza de la publicidad y la opinión pública”, agregó.
Orellana también dijo que, entre otras modalidades, un golpe de Estado no necesariamente se refiere a sacar del poder a quien está ejerciéndolo, sino, por ejemplo, lo que pasó con Jorge Serrano Elías (en 1993), que lo que intentaba era mantenerse en el poder.
Por su parte, el abogado Oswaldo Samayoa, consideró que con la actuación del MP y el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, Guatemala asiste a “la posible consolidación del rompimiento del orden constitucional”.
Respecto a la diferencia entre golpe de Estado y golpe de Estado técnico, Samayoa coincide en que “se les ha llamado golpes técnicos muchas veces porque es utilizando la propia normativa, que se desestabiliza la institucionalidad del Estado”.
“Pero aquí no es solamente está la utilización de la normativa, sino que aquí es un rompimiento de orden constitucional, a partir de que el poder radica en el pueblo quien es el soberano y este es quien delega en las autoridades que elige. Al impedirse la libre posibilidad de que el pueblo ejerza ese poder, se está realizando un rompimiento al orden constitucional, que es muy muy grave para la estabilidad institucional republicana del país”, enfatizó Samayoa.
Mientras tanto, el abogado constitucionalista Alejandro Balsells, opinó que lo que sucede en Guatemala “es un auténtico intento de romper el orden constitucional y eso se llama golpe de Estado en cualquier parte del mundo”.
“Lo que pasa es que ya no se usan los cuartelazos como antes, sino procedimientos más sofisticados, como ahora que un simple juez puede ordenarle a un Tribunal Supremo Electoral que tiene la jerarquía suprema, pero, además, vemos que un juez ordena cosas que no están en ley”, subrayó.
“En concreto, lo que se intenta, por medio de un sistema judicial bastante cooptado y deslegitimado, es romper el proceso electoral. Esto es precisamente lo que hacen las dictaduras, de hecho, Manuel Estrada Cabrera (presidente de Guatemala del 8 de febrero de 1898 al 15 de abril de 1920,) así se mantuvo en el poder, con cuestiones como las que estamos viviendo ahorita”, reiteró.
