A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público intentó justificar, ayer, la solicitud de suspensión de la personalidad jurídica de uno de los dos partidos que van a segunda vuelta electoral, aseverando que no pretendía afectar el proceso eleccionario. Dicha declaratoria aparentemente intenta capear el aluvión de rechazo multisectorial, nacional e internacional, aunque la misma menosprecia los reclamos de ilegalidad al tacharlos de “desinformación”. Tal intento de justificación se emitió un día después del lógico, rotundo y hasta cierto punto sorpresivo, pero imperativo, revés judicial propinado por la Corte de Constitucionalidad, que otorgó un amparo provisional al partido Semilla, en el que se ordena detener la suspensión y pide al Tribunal Supremo Electoral proteger la voluntad ciudadana manifestada en las urnas y continuar con la segunda vuelta.

En efecto, según el artículo 92 de la Ley Electoral, ningún partido pude ser suspendido o cancelado durante el proceso de elección. Nadie puede argumentar ignorancia de la ley en su defensa y esto incluye los efectos de una ofensiva judicial. Quizá se intenta rescatar o dar un asidero de defensa a ciertas personas ante una potencial causa penal por flagrante intento de violación a la Carta Magna. En todo caso, el MP ha señalado que la pesquisa contra Semilla prosigue y que podría extenderse hacia los integrantes del TSE de 2018 y 2019 porque habrían conocido de las supuestas denuncias.

El nivel del escándalo amplificado por su obvia temporalidad, premura, lujo de fuerza y filtraciones de información a netcenteros extremistas, no solo unificó a sectores que usualmente no se dan la mano, sino también a la comunidad internacional y especialmente al principal socio comercial del país. De hecho, en Estados Unidos se emitieron ayer también dos pronunciamientos insoslayables: Uno provino de senadores demócratas, a quienes algunos podrían intentar regatear importancia; el otro es de carácter bipartidista, firmado por congresistas demócratas y republicanos, en el cual se invoca la posibilidad de sanciones si continúan las acciones que ponen en riesgo la democracia, el estado de Derecho y el proceso electoral.

“La decisión de la oficina de la Fiscal General es un evidente intento de socavar la voluntad del pueblo de Guatemala para tratar de escamotear la certificación electoral hecha por el Tribunal Supremo Electoral y viola las leyes electorales de Guatemala”, expone el pronunciamiento, que no debería ser tomado a la ligera por nadie, puesto que llama al Ejecutivo estadounidense a implementar sanciones, algo que no conviene a ninguno, porque tarde o temprano afectan el crecimiento económico, la percepción exterior del país, el clima de negocios, el empleo y la certeza jurídica.

En efecto, no se trata de defender a un partido en específico, sino de resguardar un proceso que se ve amenazado por desconocidos intereses, ambiciones o miedos. Cualquier partido político que se hubiese visto en una situación similar habría merecido igual defensa institucional, cívica y jurídica. Pero ha sido llamativa la tardanza de los partidos políticos para manifestar su rechazo. Ello deja entrever ignorancia, irresponsabilidad o tácito apoyo al inédito atentado antidemocrático. Incluso la propia Unidad Nacional de la Esperanza, el otro partido en segunda vuelta, manifestó su repudio a acciones que pongan en riesgo el balotaje. Lo que está en juego es el sistema republicano de garantías y deberán deducirse responsabilidades a su tiempo.