El coronel y vocero del Ministerio de la Defensa, Rubén Tellez, destaca que la cantidad de aeronaves que han aterrizado en territorio nacional ha disminuido en los dos últimos años, debido que existe más control del espacio aéreo en la región centroamericana y mayor monitoreo de las aeronaves desde que salen de Sudamérica. También se ha aumentado el personal en áreas identificadas como posibles pistas clandestinas de aterrizaje.
“Hay más helicópteros para transportar unidades terrestres para que hagan frente a quienes descarguen la droga de los aviones. Ahora contamos con helicópteros con capacidades de visión nocturna para volar a cualquier hora y en cualquier clima”, expuso.
Aterrizajes
A partir de 2019, según los registros del Defensa y de la PNC, se registró un aumento del aterrizaje de narcoaviones y se decomisaron 46, de los cuales ocho eran jets.
De los 11 mil 652 paquetes de droga que según las autoridades fueron incautados durante ese año, el 81% fue decomisado por vía aérea, el 19% por vía marítima y el resto por rutas terrestres.
A pesar de la pandemia, en 2020 fueron decomisados 39 narcoaviones entre los cuales figuraron 18 jets. Las autoridades afirman que los narcotraficantes los utilizan porque tienen mayor capacidad de carga y alcanzan mayor velocidade. En 2021 fueron localizados 17 aviones, siete de estos también jets. En 2022 fueron 9 narcoavionetas y este año se han detectado solo tres.
Cambiantes
Ronaldo Leiva, exministro de la Defensa y analista en temas de seguridad, dice que el narcotráfico tiene diferentes comportamientos y los grupos son “reaccionarios”.
Décadas atrás, según Leiva, la ruta principal para el trasiego de droga era por el mar Caribe con destino a Miami, posteriormente cuando se les “cerró el camino”, comenzaron a utilizar el territorio centroamericano porque las deficiencias en seguridad eran más notorias.
“Aprovecharon que eran los años 1990 y se acababan de firmar los Acuerdos —de paz en Guatemala—, de esa cuenta se redujo el Ejército, y la PNC apenas se comenzaba a formar, cuando se les comenzó a atacar aterrizaban en Honduras, Nicaragua o Belice y luego se pasaron a las rutas marítimas”, afirma.
Leiva sostiene que en los últimos años, las estructuras de narcotráfico prefieren las rutas terrestres porque cuentan con el apoyo de autoridades locales.
“Hay informes de que la Policía los custodia para que salgan de las fronteras, a eso se puede atribuir que a veces agarran más o menos aviones. Hay casos en que los mismos jefes ediles se encargan de distraer a las fuerzas de seguridad para que pasen”, señala.
El 10 de julio último fue detenido el actual alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Túpas, requerido por la Corte Distrital de Texas, Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Según las autoridades estadounidenses, el jefe edil utilizaba su influencia política para facilitar las operaciones de narcotráfico en la región y facilitaba el paso de aviones y embarcaciones marítimas cargadas de cocaína.
Para el exministro de Gobernación Carlos Menocal, los narcotraficantes nunca dejan de trasegar y solo exploran diferentes rutas para constatar la más vulnerable.
“No es cierto que ha dejado de pasar droga, por vía área puede ser, pero lo más seguro es que están pasando vía marítima”, precisa.
No se pueden utilizar
Entre 2019 y este año han sido decomisados 114 narcoaviones, entre los cuales se cuentan 34 jets. Sin embargo, estos no pueden ser utilizados, debido a que certificarlos y restaurarlos representan un gasto “oneroso”, debido a que no tienen un registro de mantenimiento, dice el coronel Téllez.
“Un jets de por sí es cuatro veces más rápido que los helicópteros y se imposibilita un operativo de interceptación en el aire. El asunto es que los modifican para el trasiego, pero además, el tren de aterrizaje se daña cuando aterriza porque no son pistas asfaltadas, les modifican el tanque de combustible para abastecerlo en pleno vuelo”, afirma.
El coronel acota que “ponerlas en uso después de su decomiso significa un riesgo y es la razón por la cual son incineradas en el mismo lugar”.
Precios
El costo de un jets de dos propulsores y 21 asientos como los que se han localizado en Petén e Izabal tiene un costo promedio de US$3 millones, que equivalen a unos Q21 millones. Investigadores antinarcóticos de la PNC refieren que no es necesaria una orden de juez para incinerar una narcoavioneta, siempre que se cumplan los protocolos para recabar la información en el lugar del operativo.
Las avionetas que pasan a manos del Estado por medio de la Ley de Extinción de Dominio son las que se decomisan en casos de corrupción o al crimen organizado.
