¿A quién no se le enjuta el corazón cuando el político compara una humilde choza con una finca frondosa y afirma que estas desigualdades tienen que acabar? Las personas compasivas quisieran ver prosperar a la familia que habita la choza, y a todos los pobres. El mensaje también despierta sentimientos negros: la culpa de quienes viven cómodamente, la envidia hacia los más afortunados, la codicia por los bienes ajenos y el odio hacia los que permanecen indiferentes. El chirmol de emociones evocadas ayuda al político a conseguir votos, pero ¿es la medicina que receta lo que más conviene a los supuestos beneficiarios?

El anuncio avanza la trillada falsedad de que los pobres son pobres porque los ricos son ricos. Rectificar la injusticia estructural generada por el capitalismo es solamente posible, sostienen, si el gobierno interviene. Muchos políticos abogan por expropiar la propiedad en manos de particulares y empresas y así reducir el número de los ricos, además de la inequidad. Suelen autoexcusarse cuando se les señala de que ellos cometen una gran injusticia, literalmente un robo, al quitar coercitivamente sus posesiones a ciudadanos trabajadores y respetuosos de la ley que se esforzaron por forjar su patrimonio familiar. El fin justifica los medios, alegan, al tiempo que vilifican a los terratenientes y empresarios. O repiten las leyendas negras sobre la inmoral apropiación de dichos bienes, hace siglos, en tiempos coloniales, por los españoles.

Existen volúmenes repletos de evidencia sobre el fracaso de los proyectos estatales de reforma agraria y redistribución. Por un lado, la agricultura de subsistencia en pequeñas parcelas no saca a nadie de pobre. Además, se destruye conocimiento tecnológico e infraestructura industrial. Se ahuyenta la inversión. El administrador político rinde resultados mediocres, la moral y la productividad del agricultor es baja, y pronto vienen las hambrunas.

Los campesinos pasan a depender del latifundista monopólico gubernamental, porque los funcionarios se resisten a otorgar títulos de propiedad privada a los supuestos beneficiarios de la reforma. En Cuba, entre 1965 y 1968, el gobierno obligó a jóvenes opositores a trabajar sin paga. El régimen de Stalin estatizó el 91 por ciento de la tierra agrícola, envió a obreros industriales a labrarla, y encarceló a miles de agricultores independientes por considerarlos enemigos de la dictadura. En Venezuela, Hugo Chávez expropió 1,168 empresas y 285 propiedades particulares. Los gobernantes socialistas en Nicaragua, Bolivia y Ecuador también expropiaron propiedades. ¿El resultado? Se multiplicaron los pobres y sufren más.

La receta centralista y estatizante ignora una verdad: los bienes y servicios cambian de manos continuamente en el proceso dinámico del mercado. De forma pacífica, se transfiere su posesión por herencia, regalo, venta, alquiler o desmembramiento. Cuatro ventajas del sistema de propiedad privada son: 1) los dueños tienen el incentivo de conservar el valor del recurso a futuro, 2) la claridad en la asignación de derechos permite solucionar pacíficamente las disputas, 3) promueve la solidaridad, pues solo se puede hacer caridad con lo que nos pertenece, y, finalmente, 4) la interacción comercial genera un precio que revela la relativa escasez del bien en cuestión e induce eficiencias. El nuevo dueño considera que puede hacer mejor uso del recurso que el dueño anterior, y así, crear riqueza.

Lo que realmente mejora la vida de los pobres es la posibilidad de ser propietarios en un contexto de libertad económica y un marco de estado de Derecho. Solo esta solución respeta la dignidad y la capacidad creativa de la persona.