Estamos viviendo un momento único en el país donde se nota la politización de la justicia a través de la lucha de poder de grupos políticos. La Justicia en nuestro país no es imparcial, dado que la elección de los magistrados de las más altas cortes, la CC (Corte de Constitucionalidad) y la CSJ (Corte Suprema de Justicia), la Fiscal General a cargo del Ministerio Público, el Contralor General y los miembros del TSE (Tribunal Supremo Electoral) han pasado a ser parte del mismo bando, uniendo fuerzas con el Congreso de la República, a modo que se elimine el sistema de pesos y contrapesos que permite que la división de poderes actúe en defensa de los derechos individuales de los habitantes del país.

Pero no nos engañemos, cualquiera que llegue al poder va a tratar de hacer lo mismo, tratará de obtener una alianza a su favor de todos los diferentes poderes del Estado y lo hará en parte a través del proceso de elección de los magistrados para la CC y la CSJ, así como en la elección del fiscal general de la Nación. En cuanto al Congreso, como indica la teoría de “Public Choice”, a base de negociaciones políticas y favores se obtendrá una mayoría suficiente para obtener un bloque que permita aprobar las leyes que necesita el Ejecutivo. Hoy existe una tendencia que favorece a un grupo político. Mañana el péndulo se moverá hacia el otro extremo y favorecerá al grupo contrario. Lo cierto es que todo esto elimina lo que es la verdadera justicia y la protección de los ciudadanos contra los abusos de los gobernantes. La Justicia en este sistema termina siendo selectiva y arbitraria. Cuando el grupo de poder cambia, ocurre lo mismo, pero al contrario. Hoy son unos los perseguidos, pero cuando estos tomen el poder perseguirán a los que le acusaron y metieron demandas en el pasado. Qué pena que no podamos resolver un tema que con un pequeño cambio constitucional, sin necesidad de Constituyente, se podría hacer a modo de minimizar la politización de la Justicia.

ProReforma era una propuesta que pretendía cambiar la forma de elección de jueces y magistrados de las cortes a modo de minimizar su politización. No pasó en su oportunidad. No era perfecto, pero no convenía a los diputados ni a los gobernantes de turno. La miopía y los intereses de quienes obtienen rentas del gobierno pudieron mantener el statu quo. Si bien ProReforma tenía una propuesta original con muchos más cambios, el tema de la elección de jueces y magistrados, podría hacerse una nueva propuesta similar para mejorar nuestro sistema de Justicia, a modo que se vuelva imparcial y esté menos politizada.

La politización de la Justicia hace que se elijan jueces de una ideología que coincide con los gobernantes de turno. Su actuación los lleva a la judicialización de la política. Lo hemos visto en este proceso electoral. A candidatos que no convienen se les meten demandas para sacarlos de la competencia contra los que sí convienen. En algunos casos se hacen de la vista gorda con tal de protegerlos y en otros se revisa hasta el más mínimo detalle para encontrarles algo que les impida participar. La forma de minimizar esta situación es sencilla. Para evitar la politización de la justicia, así como la judicialización de la política, basta con que la elección de jueces y magistrados para las cortes, así como la elección a puestos claves de mucho poder, se hagan por sorteo entre los candidatos previamente calificados. La calificación de los candidatos debe hacerse por profesionales de Recursos Humanos en forma objetiva y sacar a las universidades del grupo de precalificación.