Durante la época de campaña era irónica, por no decir risible, la actitud e ciertos politiqueros, que no políticos, al despotricar contra las encuestas de preferencia electoral, pero cuando alguna de ellas les favorecía, las elogiaban, agradecían y difundían con fruición. Algo parecido ocurrió con ciertos extremistas ridículos que ante los resultados del 25 de junio querían esgrimir como argumento de un supuesto e inexistente fraude las tendencias marcadas por mediciones estadísticas, que nunca han sido, ni son ni serán un horóscopo, sino un simple retrato del momento en que se produce la medición. En los tiempos digitales que vivimos, un solo día marca muchos cambios, errores estratégicos, deslices verbales e incoherencias que pasan factura ante la ciudadanía.

Lo mismo ocurre con los oficialismos cuando alguna institución financiera internacional los elogia, alguna celebridad los menciona favorablemente o en algún foro internacional les aplauden algún programa, propuesta o cifra macroeconómica: se regodean, quieren gritarlo a los cuatro vientos y convertirlo en logro. Pero cuando no es adulación, sino cuestionamiento por atentar contra el estado de Derecho, preocupación por procederes discrecionales y tratos desiguales del sistema de justicia que favorecen a allegados, entonces se retuercen gritando injerencia, intromisión y enarbolando un desgastado estandarte de soberanía.

La simple presencia de un personaje notable se intenta convertir en validación, como ocurrió con la visita del arzobispo Gonzalo de Villa a la fiscal general, una cita supuestamente privada que el Ministerio Público difundió como laudatoria, lo cual condujo a un severo pronunciamiento del prelado que desnudó el fondo crítico de su llegada.

La designación de diez guatemaltecos más en la lista Engel, el índice del Departamento de Estado de EE. UU., en el cual figuran jueces, fiscales, comisionados, operadores políticos e incluso el dirigente magisterial Joviel Acevedo, desató la indignación del gobierno guatemalteco, que la tacha de violación a la presunción de inocencia, sin caer en la cuenta de que esta nómina constituye un lenguaje político y no jurídico, al menos no mientras se reúnen indicios de que transgredieron sus leyes para pedir una extradición.

Pese a tantos discursos confesionales, el Ejecutivo actual aún no parece poder leer los signos de los tiempos, a seis meses del final del período. No es solo la lista, sino también los pronunciamientos de la Unión Europea, de la Organización de Naciones Unidas, de expresidentes latinoamericanos —incluyendo referentes de rígida derecha— y, ayer, la Organización de Estados Americanos para condenar la ofensiva ilícita en contra de los comicios del 2023 y de la democracia misma. Para ordenar, en tiempo récord, a petición del MP, la cancelación de la personalidad jurídica del partido Semilla, que pasó a segunda vuelta, el juez Fredy Orellana, quien figura en la lista de marras, no dio audiencia previa al partido y, por lo tanto, no respetó su “presunción de inocencia”. Además irrespeta el estamento legal que prohíbe suspender a un partido en período electoral y transgrede el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad.

Quizá se pueda negar la intención de una acción aislada, pero se hace insostenible cuando se alinean en la misma dirección afanes oficialistas, actos de declarados amigos en entes públicos, gritos de fraude de corifeos intolerantes y hasta denuncias de exconvictos de lavado de dinero narco.