Sin importar sus defectos, los antiguos guardianes estaban, al menos de palabra, en deuda con la gente. Los nuevos guardianes están en deuda básicamente solo con las ganancias y los accionistas. Esto está a punto de cambiar gracias a un audaz experimento de la Unión Europea.
Un ambicioso paquete de normas de la Unión Europea, la Ley de servicios digitales y la Ley de mercados digitales, cuyas principales disposiciones entrarán en vigor el 25 de agosto, constituye la más importante iniciativa por controlar el poder de las grandes empresas tecnológicas (más allá de las prohibiciones rotundas en lugares como China e India).
Por primera vez, las plataformas de tecnología tendrán que responder al público de varias maneras, por ejemplo, al otorgar a los usuarios el derecho de apelar cuando se eliminen sus contenidos, lo cual ofrece la posibilidad de elegir algoritmos y prohíbe la micro focalización de niños y adultos basado en datos sensibles como la religión, la etnia y la orientación sexual.
Las reformas también obligan a las grandes plataformas tecnológicas a auditar sus algoritmos para determinar cómo afectan a la democracia, los derechos humanos y la salud física y mental de los menores y otros usuarios.
Esta será la primera vez en que se exigirá a las empresas identificar y abordar los perjuicios que permiten sus plataformas. Con el fin de que rindan cuentas, la ley también obliga a las grandes plataformas tecnológicas como Facebook y Twitter a facilitar a los investigadores el acceso a los datos de sus plataformas en tiempo real. Pero hay un elemento crucial que aún no ha decidido la Unión Europea: si los periodistas tendrán acceso a alguno de esos datos.
Por lo general, los periodistas han estado a la vanguardia de la aplicación de la ley, al señalar los perjuicios que los investigadores pueden analizar más a fondo y sobre los que los reguladores pueden actuar. El escándalo de Cambridge Analytica, por el cual nos enteramos de cómo los consultores de la campaña presidencial de Donald Trump explotaron los datos de Facebook de millones de usuarios sin su permiso, fue revelado por The New York Times y The Observer de Londres.
BuzzFeed News informó sobre las publicaciones ofensivas que detallaban la responsabilidad de Facebook en permitir la masacre de los rohinyás. Mi equipo en ProPublica dio a conocer la manera en que Facebook permite a los anunciantes discriminar en anuncios de empleo y vivienda.
Pero cada vez es más difícil obtener datos de las plataformas. Facebook ha sido en particular agresivo, ya que en 2021 cerró las cuentas de investigadores de la Universidad de Nueva York por “medios no autorizados” de acceder a anuncios de Facebook. Ese año, también amenazó por la vía legal a un grupo de investigadores europeos, AlgorithmWatch, al que obligó a cerrar su proyecto de monitoreo de Instagram .
Y a principios de mes, Twitter comenzó a limitar la capacidad de ver tuits de todos los usuarios algo que la compañía describió como un intento de bloquear la obtención automatizada de información del sitio web de Twitter por parte de chatbots de inteligencia artificial, empresas y particulares que se dedican a enviar correos no deseados, conocidos como ‘spammers’, y otros “malos actores”.
Además, las empresas de tecnología también eliminaron el acceso autorizado a sus plataformas. En 2021, Facebook disolvió el equipo que supervisaba la herramienta de análisis CrowdTangle, que muchos investigadores utilizaban para analizar tendencias.
Este año, Twitter sustituyó sus herramientas gratuitas para investigadores por una versión de pago que tiene un costo prohibitivo y poco confiable. En consecuencia, el público tiene menos visibilidad que nunca sobre cómo se comportan nuestros guardianes de la información global.
El mes pasado, el senador estadounidense Chris Coons presentó la Ley de rendición de cuentas y transparencia de las plataformas, una legislación que obligaría a las empresas de redes sociales a compartir más datos con los investigadores y proporcionaría inmunidad a los periodistas que recopilen datos de interés público con una protección razonable de la privacidad.
Pero, tal como están las cosas ahora, las iniciativas de transparencia de la Unión Europea dependen de los académicos europeos que solicitarán a un organismo regulador el acceso a los datos de las plataformas y luego, con suerte, publicarán informes de investigación.
Esto no basta. Para que las plataformas rindan cuentas de verdad, debemos apoyar a los periodistas que están en primera línea denunciando cómo autócratas, troles, espías, vendedores y hordas del odio usan las plataformas tecnológicas como armas o que estas facilitan su existencia.
La ganadora del premio Nobel de la Paz Maria Ressa dirige Rappler, un canal de noticias filipino que ha estado al frente del análisis de cómo los líderes filipinos han usado las redes sociales para difundir desinformación, secuestrar etiquetas en las redes sociales, manipular la opinión pública y atacar al periodismo independiente.
Por ejemplo, el año pasado, Rappler reveló que la mayoría de las cuentas de Twitter que usaban etiquetas específicas para apoyar a Ferdinand Marcos y Romuáldez, hijo del dictador Ferdinand Marcos, entonces candidato a la presidencia, se habían creado en un lapso de un mes, lo cual hacía probable que muchas de ellas fueran cuentas falsas. Ahora que se cerró el canal de investigación de Twitter que utilizaba Rappler y que las plataformas están tomando medidas enérgicas contra el acceso a los datos, no se sabe cómo Ressa y sus colegas podrían seguir haciendo este tipo de periodismo de rendición de cuentas tan importante.
Ressa le pidió a la Comisión Europea, en comentarios públicos presentados en mayo, que les diera a los periodistas “acceso a los datos en tiempo real” para que pudieran dar “una visión macro de los patrones y tendencias que crean estas empresas tecnológicas y los daños en el mundo real que estas permiten” (yo también presenté comentarios a la Comisión Europea, junto con más de una docena de periodistas, pidiéndole a la comisión que apoye el acceso de los periodistas a los datos de las plataformas).
Como Daphne Keller, directora del programa sobre regulación de las plataformas del Centro de Política Cibernética de Stanford, argumenta en sus comentarios a la Unión Europea, permitir que periodistas e investigadores utilicen herramientas automatizadas para recopilar datos públicos de las plataformas es una de las mejores maneras de garantizar la transparencia porque “es una clase poco habitual de transparencia que no depende de las propias plataformas que están siendo estudiadas para generar información o actuar como guardianes”.
Por supuesto, las plataformas tecnológicas suelen oponerse a las peticiones de transparencia con el argumento de que deben proteger la privacidad de sus usuarios. Lo cual es absurdo, dado que sus modelos de negocio se basan en la extracción y monetización de los datos personales de sus usuarios. Pero dejando eso de lado, los intereses de privacidad de los usuarios no están en riesgo aquí: los datos que necesitan los periodistas ya son públicos para cualquiera que tenga una cuenta en estos servicios.
Con información de Julia Angwin, The New York Times
