La basura constituye un problema de nuestra era que amenaza la vida misma, porque ha aumentado a causa del descontrol y la falta de leyes efectivas. Los desechos están en todas partes por el descuido de décadas, de autoridades que pretendieron negar la dimensión del problema e incluso argumentaron que estaba más allá de sus obligaciones. Se limitaron a buscar dónde botarla, en predios baldíos, zanjones o barrancos que resultaron ser cauces donde se acumuló y más tarde se convirtió en aluvión pestilente. Algo similar ocurrió con los desagües de aguas negras, conducidos por la fuerza de la gravedad hasta el río o lago más cercano, sin planta de tratamiento ni separación de aguas pluviales. Un monumento a la mediocridad gubernamental a todos los niveles.

El reglamento que ordena la clasificación de residuos sólidos para reducir la cantidad de basura arrastrada por cuencas y ríos fue aprobado hace dos años y entra en vigencia el 11 de agosto. Pero nació con un pecado original: es solo un acuerdo gubernativo y no una norma aprobada por el Congreso, por lo cual queda sujeto a presiones, modificaciones y aplazamientos. Desde luego, el oficialismo legislativo, con su característica desidia, desinterés y descuido por los asuntos de verdadero beneficio público, no tuvo el menor interés por convertirlo en decreto. De hecho, se presentó una iniciativa en el 2020 que se quedó en la papelera.

Ahora que se aproxima la vigencia de la norma que, en concreto, obliga a clasificar los desechos según el tipo de materiales, desde los propios hogares, para optimizar las posibilidades de reciclaje, surge una amenaza de paro por parte de los recolectores y un pedido de las alcaldías para aplazarla.

No es la primera norma en favor de los deteriorados ecosistemas del país que corre el riesgo de quedarse estancada bajo la forma de prórrogas antojadizas y hasta cierto punto politiqueras. El más lamentable ejemplo de esta irresponsabilidad conjunta es el decreto 236-2006, Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales, que obliga a las municipalidades del país a construir plantas de tratamiento para los desagües de sus centros urbanos. La norma establece un mínimo de dos plantas por municipio y algunos empezaron con el esfuerzo de construirlas, pero son una minoría y nadie les exige el cumplimiento.

El número del acuerdo señala el año en que fue emitido: 2006. Se fijó el 2015 como plazo razonable. Ha tenido cinco prórrogas. La más reciente ocurrió en el 2019 y se fijó como nueva fecha de cumplimiento el 2 de mayo del 2023. Por supuesto no se ha cumplido y no se cumplirá mientras estas normas no tengan un aval legislativo, pero ahí entran los tratos, negociaciones y conflictos de interés entre diputados distritales y alcaldes.

Diversas organizaciones, como la fundación Crecer, han impulsado cursos creativos en línea para enseñar a clasificar desechos y generar así una nueva ciudadanía responsable. Pero se necesitaría de una campaña informativa intensa, prolongada, con pertinencia pluricultural y que debió empezar hace dos años. El problema de la basura es que ahora parece contar con la resistencia de ciertos grupos para evitar que se le clasifique y deposite en su lugar. Es en estos asuntos trascendentales de Estado en los que el Ejecutivo debería poner el grito en el cielo y las manos a trabajar en pos del ambiente. Habrá que ver si opta por desentenderse o enfrentar con responsabilidad el problema nacional de la basura.