Desde el 2010, Guatemala cuenta con una Ley de Alianzas Público-Privadas, un marco regulatorio que se generó en el 2011 y una institucionalidad que tiene la capacidad de estructurar proyectos y implementarlos a través de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie). Sin embargo, los resultados, debido a la falta de apoyo político y presupuesto, son poco alentadores.

Desde ese entonces tenemos apenas un proyecto que está por iniciar construcción, al cual todavía no se le ha autorizado el estudio definitivo de ingeniería, con la autopista Escuintla a Puerto Quetzal y varios proyectos con estudios de preinversión pero que todavía falta voluntad política para licitarlos.

Uno de los proyectos es el Aeropuerto Internacional La Aurora, que bien podría generar muchos más ingresos al Estado y que los guatemaltecos contemos con infraestructura aeroportuaria de mejor nivel, e instalaciones más dignas para recibir y atender a los turistas, así como a todos los guatemaltecos e inversionistas internacionales que arriban o parten de nuestro país. Y aunque hay personas que ideológicamente se oponen a este proyecto, podemos ver resultados concretos de APP en aeropuertos en países Latinoamericanos como: Argentina, Colombia, Honduras, Jamaica, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú, Costa Rica, Brasil, México y República Dominicana, que dan fe con datos claros de que el modelo funciona y que es una alternativa viable para un país como Guatemala.

Otros proyectos como el Centro Administrativo del Estado o el Puerto Seco Intermodal Tecún Umán II, en los que se ha invertido en estudios para poder pensar en licitarlos, pueden ser proyectos estratégicos para el siguiente gobierno que ayuden al país a tener una cartera dinámica y mientras no se aprueben las reformas institucionales todos deberán ir al Congreso, una de las fallas iniciales a la ley que dejó que todos los contratos tenían que ir a ser aprobados al Legislativo.

Aprobar la reforma legal a la Ley de Anadie, para permitir que si los proyectos son autofinanciados no tengan que ir al Legislativo, es uno de los cambios más importantes que necesitamos como país para contar con proyectos de APP más importantes, además de eliminar la prohibición de que se puedan hacer proyectos de agua, educación y salud, así como permitir las propuestas no solicitadas, que ayuden a contar con más estudios de preinversión y una cartera de proyectos más robusta.

El evento de la semana pasada sobre APP en las Américas que se llevó a cabo en Ciudad de Panamá, organizado entre el gobierno de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo, fue una plataforma importante para mostrar las oportunidades y los desafíos para el desarrollo de más proyectos de Alianzas Público-Privadas en países como Guatemala y ser capaces de ver más allá de los recelos y conceptos ideológicos, buscando ser más prácticos hacia proyectos transformadores donde el Gobierno, por diferentes razones legislativas y de procesos, no tiene la capacidad institucional de estructurar y ejecutar grandes proyectos de inversión.

Hay muchos sectores que podrían beneficiarse de las APP en el país y contar con más puertos, carreteras, hospitales, escuelas y aeropuertos, entre otras infraestructuras, pero se necesita mayor voluntad política y seriedad para que funcione el modelo en Guatemala. Solo generando una mejor comprensión y la capacidad para desarrollar mecanismos más ágiles para su implementación nuestro país podrá tener mayor inversión pública que permita más desarrollo.