En los barcos militares, un motín ocurre cuando oficiales y marineros se rebelan contra las órdenes del capitán a causa de sus acciones ilegales, malas, equivocadas. Si brota en varias embarcaciones, ya se convierte en una gravísima situación en la flota. Vale tal similitud en esta etapa política de Guatemala: un autonombrado almirante, acostumbrado a dar órdenes rayanas en lo absurdo, se enfrenta a la desobediencia de los capitanes de sus navíos, y con esto los planes fallan. La adhesión del resto de la oficialidad y de la marinería asegura el fracaso: ya no tiene a quien mandar, salvo algunos obcecados. Muere la disciplina porque esta, aunque sea impuesta con dureza y sin consentimientos, depende de la tácita aceptación de la capacidad de quien manda.

En términos chapines, el “almirante” Giammattei se pasó ordenando a los portaviones Corte Suprema de Justicia (CSJ), Congreso y Corte de Constitucionalidad, (CC) obedecer a ciegas sus órdenes. Pero desde la orilla, los afectados perdieron el miedo y a gritos convencieron a los capitanes de estos tres portaviones del peligro. Un acorazado de nombre Tribunal Supremo Electoral fue el primero en desobedecer, y disparó sus cañones. El almirante, enloquecido, envió aviones de ataque al acorazado TSE, pero el portaviones CC lanzó los suyos en defensa, y aunque no ha dicho si solo será uno, al dar el primer paso ya no puede dar marcha atrás. La suerte está echada, los pilotos de los aviones de combate no querrán bombardear a la desarmada población de las orillas.

La segunda vuelta se encuentra a solo 27 días. Las elecciones, como las batallas, casi siempre se ganan, pero en algunos casos se pierden a consecuencia de errores, falta de municiones, deserciones, desmotivación, así como miedo, orgullo, vanidad, ceguera, negación de la realidad y falta de apoyo civil. Por aparte, en la lucha electoral —caracterizada por la irracional exacerbación de emociones y la simplificación de ideas— otro motivo de victoria es el éxito de provocar miedo generalizado, el cual irónicamente es fundamental para quienes actúan porque se aterran ante la posibilidad de perder sus poderes mal habidos y sostenidos, con lo cual su destino fatal, sin opciones, es enfrentarse a la justicia tanto de los códigos legales como de la incambiable Historia.

Ya ha sido eliminado el antiguo concepto castrense de obediencia debida, obligatoria, sin importar si la orden es aberrante, desviada, extraviada. Esa verdad es un axioma, e incluso el Derecho lo define como verdad clara y evidente, no necesitada de explicación. Pero además, a mi juicio, resulta urgente para la misma sobrevivencia del imperio de la Ley, así, con mayúscula, y por tanto de la práctica de la jurisprudencia. (Brevísimo resumen, por supuesto). Si la orden de un juez o corte es grotescamente ilegal, el Derecho se resquebraja y llega a derrumbarse si no hay defensa para librar a las víctimas de arbitrariedades. No es comparable con la posibilidad de una equivocación humana de los jueces, sino constituye la tragedia del servilismo y del esbirrato jurídico.

El rompimiento y sobre todo la burla de la ley tiene muchas consecuencias. En lo civil, la decisión individual de hacerse justicia por su mano o contratar a alguien con ese fin. En política, la judicialización, o sea resolver, casi siempre con burlas, subterfugios y falacias güizacheras temas políticos en los tribunales. No se ve tan pésima como lo es. Cuando se comprende esto, la rebelión no violenta tiene legitimidad mucho mayor a la legalidad mal entendida. Cuando se realiza a tan pocos días de una elección crucial, puede ser el motivo, como ya lo ha sido varias veces antes, de elegir a personas no adecuadas. Pero si falla y reinan el triunfalismo y la incapacidad de aplicar criterios adaptados a la realidad, el fracaso se repetirá y la democracia naufragará.