En un gobierno eficiente y comprometido con el bienestar de la ciudadanía, el hecho de que sucedieran cuatro graves incidentes violentos en el Sistema Penitenciario en solo seis días, incluido el homicidio del director de la cárcel de Zacapa y el subdirector de Operaciones en funciones del Preventivo de la zona 18, exigiría un serio cuestionamiento sobre la capacidad de gestión del Ministerio de Gobernación, la ejecución de los protocolos de seguridad pública e incluso la posibilidad de destituciones de alto nivel. Pero eso está en duda debido a la premisa inicial del enunciado.

No hacen falta excusas vacuas ni hipótesis tan obvias que a la larga no conducen a resultados. La violenta liberación de un peligroso recluso, asesino y salteador durante un traslado, de Coatepeque a Retalhuleu, una audiencia de la cual nadie más en el Sistema Penitenciario o la Policía Nacional Civil tenía noticia, solo exhibe una operación porosa, con fugas de información, posibles colusiones y carencias operativas sin monitoreo alguno. Tales descuidos son imperdonables por existir una larga data de fallos en esa área, pero sobre todo porque el presidente Alejandro Giammattei exponía en su currículum y campañas electorales la experiencia de haber sido director de Presidios del 2005 al 2007.

Tres lustros han pasado y a la vez pareciera que seguimos varados en el tema carcelario. Persiste el hacinamiento, prosiguen los enfrentamientos y continúa el trasiego de aparatos, drogas y armas. Requisas van y requisas vienen, pero siempre se encuentran los mismos ilícitos que permiten las extorsiones, las represalias y también las balaceras, como las ocurridas el domingo 23 y lunes 24 en el Centro Preventivo de la zona 18, todo un núcleo de impunidad y caos que constituye una afrenta.

Cuando ya la cuenta regresiva para el final del actual mandato marca 173 días, se ve improbable el inicio de un proceso público, transparente, concreto e integral de reforma penitenciaria. A la fecha no se ha implementado una clasificación eficiente de reclusos por niveles de peligrosidad. Ello haría innecesarios ciertos traslados porque sería ineludible la comparecencia judicial mediante videoconferencias. Lo mismo cabe decir de las salidas por razones médicas que a menudo son fingidas y aprovechadas para fugas.

Se ve distante la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Escuintla, cuya adjudicación fue aplazada en varias ocasiones y terminó en manos de una empresa mexicana señalada de corrupción e incumplimientos. El proyecto costará más de Q660 millones y apenas en febrero pasado se asignaban los primeros Q16 millones para un estudio de factibilidad, sin que se reporten mayores avances. Dicha instalación no es la panacea, pero sería el primer paso para efectuar traslados y remodelaciones físicas en otros centros. En un país con tantos presos condenados por delitos violentos, nexos con pandillas y crimen organizado, una moderna súper cárcel no solo constituiría un disuasivo sino también una infraestructura estratégica, con el respeto a las debidas garantías.

A los reclusos clasificados como peligrosos, por conductas agresivas, vínculos o reincidencias, es preciso privarlos de las visitas con contacto físico. Las mismas deberían efectuarse en locutorios con vidrio de seguridad, conectados mediante teléfonos con grabación de llamadas con doble monitoreo en tiempo real en la prisión y una central remota. Pero si siguen entrando celulares y antenas de internet mediante sobornos, el país seguirá a merced de presos.