Bien conocida es la idea de que la fortaleza de un sistema, de una pieza, de una persona, se ponen a prueba en los momentos de crisis. También la autenticidad de las relaciones personales y la solidez de las convicciones y principios se demuestran en circunstancias críticas. Y, obviamente, las presentes lo son para Guatemala.

No conozco funcionario público, empresario, profesional o intelectual alguno que, llegada la ocasión, no se pronuncie a favor del estado de Derecho y de la democracia. Por supuesto, cuando de perfilar los detalles se trata, hay lugar para los matices: democracia representativa versus democracia directa, legalidad positiva versus valores universales del derecho, etcétera. Pero, al nivel más general, a ninguno conozco que sostenga que una autocracia autoritaria es preferible a una democracia sometida a las reglas de la Constitución y la ley.

Esas manifestaciones de lealtad al imperio del derecho y al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, muchas veces, nada valen porque nada cuestan. Adquieren valor, sin embargo, cuando las consecuencias del respeto a los resultados no son favorables, convenientes o propicias para cualquier actor en particular de la vida nacional.

Así que, en medio de esta crisis, con hechos, no con palabras, se irá sabiendo quiénes, verdaderamente, tienen convicciones sólidas en los principios del estado de Derecho y del sistema republicano de gobierno. Porque la verdadera ciudadanía se manifiesta en actuar coherentemente con esos principios y, cuando el caso sea, reconocer que bajo las reglas del juego se ha producido una derrota propia o de los candidatos predilectos y ya está.

Y, en ese orden de ideas, de lo que aprecio en las redes sociales, a la luz de algunos de los cuestionamientos sobre el proceso electoral y sobre la conformación del partido Movimiento Semilla, algunos de entre quienes tienen otras preferencias políticas e ideológicas claman por una anulación de todo el proceso. De entre ellos es posible que algunos entiendan, erróneamente, que las irregularidades que se han esgrimido dieron lugar a resultados diferentes en el sentido de que, habiendo ganado un candidato, se ha proclamado a otro u otros. Tengo para mí que la mayor parte de quienes propugnan por una anulación o algo parecido, realmente, son conscientes de que esgrimen un pretexto y no razones valederas.

Creo que así proceden porque, en el fondo, consideran más importante que no gobierne un partido socialista (según ellos lo expresan) que salvaguardar la voluntad popular expresada en la primera ronda de elecciones. Y esto, me parece, es la mayor evidencia de que carecen de convicciones profundas en los ideales del imperio del derecho y la democracia representativa. Cuestionados sobre este punto, algunos replican: ¿es que debe respetarse un resultado que lleve al poder a un grupo o partido que no respetaría las reglas una vez electo?

Para empezar, nadie puede asegurar que así ocurrirían los hechos. Pero el caso es que los dos finalistas pertenecen a partidos válidamente inscritos desde hace años y que sus candidatos han formado parte de la vida política del Estado. Los cuestionamientos e impugnaciones en ese sentido —de la legalidad o legitimidad del partido en cuestión— debían haberse esgrimido hace tiempo. Así, para el presente y el futuro de Guatemala es inconmensurablemente más importante que se respeten las reglas y, de ese modo, se honre también la voluntad ciudadana expresada en la primera ronda. Esa expresión, como he afirmado antes, ha mostrado una pérdida importante de credibilidad en el sistema; importante, pero no mayoritaria.