Justificada preocupación ha desatado en sectores productivos del país el posible cierre de las operaciones de la terminal portuaria administrada por APM Terminals, a causa de un proceso judicial iniciado por problemas legales en el contrato inicial. APM ha efectuado inversiones en mejora de infraestructura y funcionamiento, incluyendo la instalación de radares no invasivos para la revisión efectiva de contenedores.

APM maneja unos tres mil 500 contenedores diarios, los cuales se quedarían varados o retrasados si quedan a cargo solo de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que no cuenta con la capacidad instalada para absorberlos. Además, APM tiene visados legales y fiscales que otro operador tardaría en obtener. Justo allí radica la alerta de entidades como la Cámara Guatemalteca del Agro, exportadores e importadores. Cualquier atraso logístico causará pérdidas al país, porque pondría en peligro envíos ya pactados y se verían amenazados contratos internacionales.

Según lo discutido en citaciones legislativas, la solución coyuntural más viable, ágil y conveniente es crear un contrato de transición con APM Terminals, con una duración de tres a cinco años para poder dejar atrás, en primer lugar, los vicios legales del primer acuerdo de usufructo, asegurar la continuidad de servicios y posibilitar una negociación seria de largo plazo.

En otras palabras, es fundamental que la operación portuaria continúe sin detenerse ni un solo día, ni una semana, mucho menos los meses o años que pudiera tomar una hipotética licitación internacional. Las autoridades han reconocido que no existen muchas compañías en el mundo con experiencia en tal manejo de carga y falta ver si alguna está interesada en comprometerse con un Estado que no privilegia soluciones, sino objeciones.

No pocas suspicacias desató el anuncio hecho, en mayo del 2022, por el presidente Alejandro Giammattei Falla, acerca de que se había invitado a empresas de varios países a presentar muestras de interés por la operación de la terminal a cargo de APM. En aquel momento aún no finalizaban los procesos judiciales, que finalmente apuntaban a darle la razón al Estado. La duda es por qué desde entonces no se comenzó a buscar un acuerdo temporal de transición como preludio de una nueva licitación seria y de beneficio nacional. Más parece que urge cerrar un trato antes del fin del período que brindar certeza logística.

Otro detalle llamativo es que entre las invitadas no estaba la propia APM, que en sus años de operación ha demostrado calidad operativa, según lo refiere el sector privado. Los personeros de APM se manifiestan interesados en proseguir el trabajo con certeza jurídica, es decir, un contrato libre de vicios como los que dieron origen al litigio. Y ahí radica un tercer elemento de ojeriza, porque ahí sí, sin cuestionar, el gobernante invoca que el problema surgió por un caso de corrupción destapado por la extinta Cicig, lo cual contrasta con la postura oficial reticente en otros procesos de corrupción.

Es de altísimo interés estratégico la continuidad del trabajo en la terminal portuaria operada por APM. Si para ello se necesita de un contrato provisional, debe desarrollarse con todas las de la ley, para no dañar la actividad económica y con ello al fisco y al Estado. Cualquier otro pretexto, obstáculo o empecinamiento unilateral de funcionarios solo denotaría posibles intereses ocultos por lograr réditos ilícitos mediante la negociación de tan importante activo, justo el pecado original que ahora es causa de incertidumbre.