El próximo 13 de octubre deberán asumir sus nuevas autoridades, aunque las actuales, Raúl Berríos —secretario—, y Álvaro Caballeros —subsecretario— podrían permanecer en el cargo ya que se han postulado para la reelección y la Comisión del Migrante del Congreso de la República aún los considera como aspirantes.
La lista de siete la completan, el diputado Julio Francisco Lainfiesta Rímola, Mario Enrique Carrera, Mario Ernesto Archila Ortiz, Silvia Lucrecia Villalta Martínez y Marcos Fernando Yax. De los siete, el Congreso deberá evaluar sus méritos y escoger a una lista final de cinco, de los cuales el pleno elegirá al secretario y subsecretario.
Dentro de los candidatos figuran algunos que tienen señalamientos o han enfrentado procesos legales, como el exdiputado Yax que fue detenido el pasado 31 de marzo cuando, en estado de ebriedad, hizo disparos al aire y amenazó a un motorista.
Asimismo, el diputado Julio Lainfiesta es señalado de violencia contra la mujer, motivo por el cual el Ministerio Público pidió retirarle la inmunidad el pasado 10 de julio.
El Congreso, no obstante, considera que los siete aspirantes “sí cumplen con los requisitos” legales para optar al puesto.
Entidad inoperante
Desde su creación, Conamigua se ha caracterizado por la dificultad que supone ejecutar su presupuesto, lo que limita su capacidad de atención.
La institución está supeditada a lo que diga el consejo que es presidido por el canciller y el que integran representantes de Segeplan, el Congreso, el Banco de Guatemala, y de los ministerios de Economía y Trabajo. El secretario es parte del consejo, tiene voz, pero o voto.
Los presupuestos, y consecuentemente los gastos, deben ser aprobados por este cuerpo colegiado lo cual hace lenta la ejecución de sus recursos.
Desde su creación, Conamigua ha sido objeto de críticas por no poder ejecutar sus recursos —que cada año aumentan— que resulta en no poner en práctica políticas en favor de los migrantes guatemaltecos y sus familias en el país y los migrantes en tránsitos, como dice su decreto de creación.
En 15 años, solo en el 2009 y en el 2015 logró una ejecución por arriba del 60 por ciento —64.68 y 61.64 por ciento, respectivamente—, en el resto se han producido ejecuciones tan pobres que llegan al 31% —2016—, 23% —2018— hasta el 12% —2017—.
Este año, al final del séptimo mes, su ejecución promediaba 22.65%, un porcentaje muy bajo, si se toma en cuenta las múltiples necesidades que hay en el ámbito migratorio, afirman analistas.
Como en años anteriores, la mayor parte de sus recursos se han gastado en sueldos y salarios. Del total ejecutado, que suma Q14.7 millones, Q9.2 millones se utilizaron para estos gastos —62.5%—, según un reporte del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).
De ahí gastó Q2.2 millones en gastos de funcionamiento, como arrendamientos, viáticos y mantenimiento y reparaciones, y otros Q1.6 millones en materiales y suministros.
Además, gastó Q490 mil en sentencias judiciales, estas regularmente se refieren al pago de reclamos de prestaciones laborales cuando se da de baja al personal.
Críticas
Roland Gramajo, líder migrante que radica en Houston, Texas, aseveró que “lamentablemente” la institución no se ha podido desarrollar, especialmente en EE. UU. donde miles de migrantes necesitan apoyo con asesorías sobre derechos laborales, por ejemplo.
Gramajo comenta que una institución como Conamigua podría hacer alianzas con instituciones comunitarias para guiar a los connacionales, pero no se hace porque “no hay voluntad”.
“Las personas que nombran no tienen capacidad ni conocimiento sobre el tema migratorio”, señala el líder migrante. “Solo los ponen para beneficiarse”, añade.
El diputado Edgar Batres, integrante de la Comisión del Migrante, atribuyó la baja ejecución de Conamigua al “grado de politización” relacionado a la selección de sus autoridades. Dijo que “muchas veces los nominados a esos cargos llegan más por favores políticos que por su experiencia en administración pública”.
Añadió que constantemente los funcionarios justifican la mala ejecución de los recursos a que el consejo debe aprobar todas sus actividades; sin embargo, considera que también tiene que ver “la falta de capacidad de los secretarios para gestionar recursos”.
“En un país donde cada semana vienen más de 200 retornados, ejecutar 22% en siete meses no corresponde a esa realidad”, subrayó.
Fernando Castro, analista en temas migratorios, expuso que Conamigua podría gastar los recursos, por ejemplo, en campañas informativas para orientar a los migrantes sobre los peligros al viajar o sobre las políticas migratorias, ambas que suelen cambiar constantemente.
Agregó que una institución que no cumple su objetivo después de 15 años de creada debe ser cerrada por el Congreso y redirigir sus recursos otras instituciones que ya hacen todas las funciones que la ley le asigna a Conamigua.
Postura
El secretario de Conamigua, Raúl Berríos, rechazó las críticas y aseguró que la ejecución del 22.65% a julio es alta en comparación con la de administraciones anteriores, y aseveró que en la página de internet se pueden ver todas las actividades que la institución ha hecho por los migrantes.
Entre estas, destacó que se les da atención humanitaria a los retornados cuando regresan por la Fuerza Aérea y en Tecún Umán, San Marcos, así como asistencia legal, social y psicológica.
Además, aseguró que se llevan a cabo campañas de concientización para evitar la migración irregular y se ha ampliado la cobertura a 15 sedes en todo el país.
Según Berríos la ejecución este año cerrará en 70% lo que será la más alta de la historia.
