Existe una expresión referente a que “asumir es causa de desastres”, respecto de negligencias de acción, pero sobre todo de omisión, cometidas por personas o pequeños grupos, cuyas consecuencias tienen un impacto social y económico incalculable. El asunto es especialmente grave y doloso cuando se trata de funcionarios electos que pidieron, cortejaron y rogaron por el voto ciudadano, pero que no contaban con la preparación ni con la capacidad técnica ni ética para cumplir con las implicaciones del cargo. Por supuesto, una vez llegada la debacle, suelen buscar excusas, endosar culpas y lavarse las manos, aduciendo que la responsabilidad era de alguien más.

Un ejemplo claro ha sido la gestión del alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, en cuya demarcación se produjo la noche del martes un tercer socavamiento que impacta directamente en la principal ruta de la capital hacia Puerto Quetzal y la Costa Sur. Las dimensiones del desgaste del subsuelo bajo la carretera permiten inferir daño en tuberías de drenaje de larga data, pero que no habían sido advertidas. Algo similar a lo que ocurrió en el 2022 en la entrada del casco urbano del municipio. Lo paradójico es que, con la prisa por intentar ganar votos, el tramo afectado actualmente recibió un recapeo de asfalto, sin que se revisara siquiera el estado de la tubería subterránea.

En el 2022 se suscitó una discusión respecto de que si la supervisión y reconstrucción debía correr a cargo de la comuna o del Ministerio de Comunicaciones, por tratarse de una carretera nacional. La discusión era anodina, sobre todo por las avenencias oficialistas de Gramajo. Incluso se ensayaron soluciones ridículas, como verter lodocreto en el primer agujero, el cual se deslavó a las pocas horas.

Pero la negligencia va mucho más allá: el actual caos del tránsito ocasionado por el socavamiento, con vías suplentes en mal estado —que no alternas—, exhibe la total imprevisión de sucesivos gobiernos y ministros de Comunicaciones, que han sido totalmente incapaces de emprender siquiera la construcción de un anillo regional interdepartamental. Los trazos existen, los planos se han presentado desde hace 15 años y hasta se han anunciado en tiempo electoral como megaproyectos, pero se han visto frenados por negligencia, intereses miopes y conflictos de interés.

Ni un solo proyecto nuevo de relevancia estratégica nacional se ha concretado en el período Giammattei Falla. Los más de Q3 mil millones destinados a obra vial desde el 2022 se diluyeron en recapeos chapuceros y algunos tramos carreteros con toda la pinta de intentar la búsqueda de votos, pero que no llegaron a tiempo debido a la misma improvisación del primer titular de la cartera, el diputado Josué Lemus, que tuvo un sucesor igual o peor. Es conveniente mencionar la decisión demagógica de suprimir el peaje a la autopista Palín-Escuintla que se usaba para su mantenimiento. Esta vía peligra, por la multiplicación de tránsito pesado y la evidente incapacidad oficial para darle mantenimiento.

Alguien debe responder por el descuido de Villa Nueva, ya sea del ámbito edil, ministerial o ambos. Si alguien alertó a tiempo sobre la tubería dañada, pero no se atendió, debe haber una deducción civil o penal de cuentas a quien corresponda. Claro, hay que tomar en cuenta que si el Ministerio Público no agiliza casos tan monumentales, desastrosos y flagrantes como el del libramiento de Chimaltenango, poco se puede esperar ahora con el tercer socavón villanovano.