Sin duda será el Presupuesto 2024 el aglutinador de intereses legislativos que en este momento se encuentran aturdidos, dispersos y en busca de reconfiguración debido a los resultados electorales del 25 de junio. Si bien ya queda claro qué diputados fueron reelectos, también hay al menos 60 que saldrán con más pena que gloria debido a la inercia de la agenda manejada durante tres años y medio, la cual pudo ser histórica, proactiva y con altura de estadistas, pero que fue más bien convenenciera, reactiva y con pactos subterráneos entre bancadas y grupos de interés.

El receso de medio año fue el colofón del rezago que abarcó toda la campaña. Para ayer estaba convocada una sesión de jefes de bloques en la cual se definiría la agenda de las siguientes plenarias y posiblemente de todo el último período de sesiones. Sin embargo, no hubo cuórum y la misma cerró, con pena y sin gloria. La inasistencia puede explicarse por la resaca del descanso, el desencanto por los resultados y la propia desatención, distanciamiento y desinterés sobre los acuciantes y formidables retos nacionales en materia de economía, medioambiente, desnutrición, inseguridad y, también, infraestructura. Pero no hubo sesión.

Esto quiere decir que no habrá plenarias en estos días y se perderá así la primera semana de agosto, que para los ciudadanos trae notorias alzas de combustibles y alimentos. Quizá están esperando los dignatarios a que llegue el desenlace de la segunda vuelta presidencial para poder empezar a decantar opciones, por ejemplo, en el plan de gasto para el próximo año. Sin embargo, existen asuntos largamente rezagados que bien podrían ser abordados en favor del bien común.

Discutir la elevación del acuerdo de tratamiento de desechos a decreto legislativo, con carácter técnico y visión de país, podría ser un buen comienzo. Pero también podrían empezar por retomar la ley de aguas, la de competitividad, el código de Tránsito, la reforma electoral o la nueva discusión sobre una norma actualizada de servicio civil. Dadas las muestras de capacidad instalada en la actual legislatura no van a poder rescatar en cuatro meses el tiempo desperdiciado en tres años y medio.

Y ya que se habla de desperdicio de tiempo, no hay otro término más adecuado y exacto para describir la dolosa desidia oficialista para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. Desde mayo del 2020 tuvieron luz verde para hacerlo, eso sí, con voto nominal y de viva voz, lo cual les obligaba y les sigue obligando a revelar afinidades. Por supuesto era una vara muy alta para ciertas limitadas estaturas éticas y una cultura de tráfico de influencias y favores. Aún sigue abierta la posibilidad de que elijan en este mismo año y deberían hacerlo por un mínimo de vergüenza política, aunque esos magistrados electos solo tendrían un período efectivo de un año, si acaso lograran nombrarlos antes del 13 de octubre.

Hay que decirlo: las presidencias de Allan Rodríguez y Shirley Rivera merecerán una línea en libros de Historia a causa del tamaño de los dispendios económicos avalados, de la abdicación de la función fiscalizadora del Ejecutivo y la imposibilidad o crasa incapacidad de crear una agenda legislativa visionaria. Dadas las cifras del próximo Congreso, quizá puedan tener alguna prominencia, pero el tablero político habrá variado. En otras palabras, tuvieron la fuerza para emprender cambios, pero no los hicieron.