El informe de la visita y reuniones de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar del 1 al 4 de agosto y presentado ayer, es en sí mismo una alerta justificada de acciones sospechosas de funcionarios de Estado en contra del proceso democrático de elecciones en curso. Como tal, no constituye un motivo para que el Ejecutivo muestre complacencia, pues el solo pronunciamiento confirma la existencia de amenazas contra garantías ciudadanas legales y políticas nunca antes registradas en la actual era democrática.

Según el informe de Almagro, el Ejecutivo guatemalteco se comprometió a no interferir en el proceso electoral y a entregar el poder el 14 de enero del 2024. Dicha declaración, a la luz de las intolerancias e incumplimientos suscitados en el mandato de Alejandro Giammattei, más bien podría parecer un anticipado lavamanos respecto de potenciales acciones ulteriores de entes como el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial, de los cuales podría deslindarse con facilidad sin faltar a tal postura mediante argumentos de autonomía formal. Sin embargo, el reporte de Almagro no es un aval, sino una confirmacón continental de la denuncia que motivó la visita.

“Que no quepa duda de que la situación de Guatemala es una prueba para este cuerpo y para la Carta Democrática”, destacó el citado alto funcionario ante los delegados de países miembros que asistieron a la presentación. Y para muestra, señala: “Hay más de una docena de acciones contra el TSE, con el sistema de transmisión —de datos—, órdenes de capturas, llamados a declarar. Esto constituye un tema, el TSE no puede estar bajo acoso”. No obstante, existe incertidumbre total sobre el curso de acciones previas avaladas por un juez.

El secretario general de la OEA se reunió con autoridades de Gobierno, magistrados electorales, funcionarios del MP, candidatos presidenciales para la segunda vuelta y sectores ciudadanos, con el propósito de contar con un panorama multilateral y evitar cualquier peligro de sesgos. Así lo refleja el informe, que también cuenta con insumos provenientes de la Misión de Observación Electoral (MOE), en la cual participa la entidad continental y que permanecerá en el país hasta el relevo de gobierno.

Hay recomendaciones importantes para blindar el proceso y atajar reclamos de supuesto fraude, como los esgrimidos después del 25 de junio y que llevaron a un doble recuento en el cual se demostró que el margen de error fue inferior al 1 por ciento y sin mayor incidencia en los resultados reportados. La OEA recomienda registrar en fotografías el documento número cuatro, que es donde se consignan los votos obtenidos por cada organización política en cada mesa, y hacer entrega —por parte de los presidentes de Juntas Electorales— de copias del documento de certificación de resultados, como un candado múltiple para fortalecer el escrutinio. Esto permitirá, puntualizó Almagro, “que los partidos que compiten en segunda vuelta tengan evidencia física sobre los resultados, incluso por encima de la evidencia tecnológica, y despejar cualquier duda que pueda existir o exista sobre el sistema de transmisión de resultados”.

Estados miembros expresaron su preocupación por la situación electoral, el acoso judicial contra el TSE y funcionarios que gozan de derecho de antejuicio, acciones que contravienen el espíritu de las leyes y amenazan estamentos constitucionales, por lo cual deben cesar y que, de entorpecer los comicios o el relevo de poder, podrían tipificarse como atentados contra el orden republicano.