La noche del pasado 27 de marzo, 40 migrantes provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador, fueron víctimas de asfixia por el humo causado de un incendio de unos 3 minutos de duración, generado por dos venezolanos, de acuerdo con investigaciones de las autoridades mexicanas.
Entre las 40 víctimas hubo 19 de Guatemala, que fueron repatriados a Guatemala mediados de abril pasado.
Por estos hechos también se ha procedido contra el titular del INM en México, Francisco Garduño, quien está vinculado a un proceso penal en el territorio mexicano, así como contra diversos funcionarios de menor rango administrativo.
EN ESTE MOMENTO
Las autoridades del Gobierno mexicano añadieron que, en tanto, continúa el procedimiento para la indemnización a los beneficiarios, se mantiene el proceso de acompañamiento a las víctimas lesionadas en su atención médica.
Para asegurar el pago de estas indemnizaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó la creación de una partida presupuestal “especial” para la reparación del daño.
El monto total y respectivo a cada familia fue aprobado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno mexicano el pasado 10 de julio.
“En Ciudad Juárez, el INM sufragó los gastos de hospedaje, alimentación y servicios personales para la familia de las víctimas; así como, los correspondientes al pago de boletos de avión”, añadió el INM.
Por su parte, precisó que los migrantes lesionados que fueron trasladados a Ciudad de México para ser atendidos en hospitales de alta especialidad, están hospedados junto a sus familiares, en hoteles donde personal del INM está al pendiente de los mismos “las 24 horas del día”, a fin de gestionar los servicios que requieren.
“Los lesionados como sus familias han recibido productos de higiene personal, medicamentos especializados de alto costo para todos los pacientes, celulares, tarjetas de tiempo aire, ropa, calzado, lavandería, suplementos alimenticios y peluquería; así como, pañales, toallas húmedas, leche y otros”, explicó.
Por los daños físicos, la Fiscalía General de la República (FGR) calculó pericialmente daños en el inmueble de la estación migratoria por 1.9 millones de pesos (unos US$111 mil 633).