La iniciativa fue aprobada en una votación de 32 diputados a favor, incluida la bancada del Gobierno, y 17 en contra del izquierdista Partido Frente Amplio y del socialdemócrata Partido Liberación Nacional.
Los partidos que se oponen al proyecto de ley anunciaron que presentarán consultas a la Sala Constitucional acerca del fondo del proyecto.
Si la Sala Constitucional no encuentra roces con la Constitución Política del país, el Congreso podrá votar el proyecto de ley en el segundo y definitivo debate.
Esta iniciativa permitirá a las empresas del sector privado las jornadas 4-3, es decir, 4 días de trabajo de 12 horas cada uno por 3 de descanso. Según el texto de la ley, esta jornada será de acatamiento voluntario para los trabajadores.
Si el trabajador cumple jornadas de trabajo nocturnas, laborará 3 días y descansará 4, según el texto.
Los trabajadores del sector público no están incluidos en el cambio de jornadas.
En la actualidad las jornadas en Costa Rica son de 8 horas diarias y hasta las 48 horas semanales.
Según los sindicatos, este cambio de jornadas permitirá a las empresas esquivar el pago de horas extras y será una carga para la vida de los trabajadores, mientras que el Gobierno considera que será una forma de atraer más empresas extranjeras y generar empleos.
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) aplaudió este martes el avance de la iniciativa de ley, pues la considera un elemento para la generación de empleos y la mejora de la competitividad del país.
La CICR afirmó en un pronunciamiento que las jornadas 4-3 representan “una opción adicional a las actuales jornadas laborales diurna, mixta y nocturna, ofrece más fuentes de trabajo para los costarricenses, mejora la calidad de vida de los trabajadores y da una mayor competitividad a las empresas que requieren esta modalidad de trabajo”.
El proyecto “mejora la competitividad del país en general, fomenta las inversiones y aumenta la productividad y la sostenibilidad, particularmente de los sectores que requieren esta modalidad de trabajo. Al mismo tiempo, aporta seguridad jurídica a las empresas que desarrollan ciclos productivos continuos”, concluyó la CICR.
