El resultado de las dos últimas de distintas encuestas, realizadas por empresas diferentes, permite predecir con alto margen de la victoria de Bernardo Arévalo, porque el margen es muy amplio, dos votos para él por cada uno obtenido por Sandra Torres. Se repetiría un margen muy similar a la elección de 1985, cuando Vinicio Cerezo, de la Democracia Cristiana, superó al candidato de la Unión del Centro Nacional, Jorge Carpio Nicolle, quien nunca pensó siquiera poner en tela de duda el resultado. Ese mismo día admitió su derrota y felicitó al ganador. Pero ha pasado mucha agua bajo los puentes y en esta ocasión la presidenta del Tribunal Supremo Electoral declaró “esperamos que haya madurez para aceptar los resultados”, explicable por la situación actual.

Entre los riesgos colaterales de una diferencia tan grande destaca el triunfalismo de quien sale bien y la posible decisión de sus seguidores de no ir a votar porque la diferencia es de miles y un voto más o un voto menos no hacen diferencia. Es paradójico, pero la insistencia de asistir debe continuar, porque lo principal es aumentar la participación. El historial de las elecciones guatemaltecas muestra mermas de asistencia al balotaje, explicada porque en los departamentos es más importante elegir al alcalde porque disminuyen los acarreados. Esta vez hay un riesgo nuevo debido a la orden “sí o sí” a los fiscales de mesa de la UNE a impugnar a los jueces de Semilla, lo cual al cumplirse abriría la puerta a maniobras legales pero malintencionadas.

Los guatemaltecos, sobre todo los jóvenes, han comprendido la importancia de ese voto individual, junto con una parte también importante de los adultos. Aunque Alejandro Giammattei se haya comprometido con la OEA a respetar el resultado de las elecciones, cualquier maniobra realizada por la UNE convertiría en una nueva mentira a esa afirmación, porque también ya es pública y notoria la alianza con Torres, a quien durante su campaña amenazó con encarcelarla. La desconfianza popular no se ha aplacado, aunque en las últimas semanas las decisiones del TSE hayan abandonado las posiciones de obediencia al Ejecutivo y hayan recibido los ataques directos del Ministerio Público. Todo confirma la calidad de sorprendente, por decir lo mínimo, de todo el proceso.

Ir a votar es un derecho ciudadano y al mismo tiempo una obligación con el país, porque la ausencia impide a quien no vota, criticar después al gobierno. Esa ausencia y el desinterés y conformismo ciudadanos, aunque sean arropados por la afirmación de ser corruptos todos los políticos, sin excepción, sin notar la diferencia entre estos y los politiqueros. La presencia de votantes disminuye las posibilidades de maniobras sucias a quienes planifican realizarlas. Por eso es válido y necesario insistir en la participación a través del voto de la mayor cantidad posible de personas. La ausencia voluntaria aumenta las posibilidades de un resultado causante de posteriores arrepentimientos. Si se teme la posibilidad de crear una dictadura por la vía de las urnas, entonces la participación es obligada.

No quiero terminar este artículo sin mencionar la estrategia de los dos partidos de utilizar a las redes sociales, sobre todo TikTok, como vía de comunicación y de demasiados mensajes negativos, algunos de odio, y de descaradas mentiras o comentarios irrespetuosos. A mi criterio, esto amenaza la participación porque demuestran poca seriedad y mala intención, características rechazables sin importar a quién están dirigidos. Las críticas con identificación de quien las emite. En ese caso, son manifestaciones del derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento. A causa de ello, la norma de no hacer propaganda los últimos dos días de una elección se vuelve inútil.