De muy poco —o más bien de nada— sirve a los familiares de una víctima de violencia cualquier intento de explicación estadística u ofrecimiento discursivo de investigación para dar con los responsables. Peor si el hecho es cometido de manera artera, brutal y en una transitada vía pública —es decir, con mensaje implícito de impunidad— como ocurrió con el ataque mortal contra el cardiólogo Mario Meza, cometido el miércoles último en el bulevar Los Próceres, zona 10, por dos individuos en motocicleta.

Ayer mismo, una empleada del Organismo Judicial que se transportaba en motocicleta a sus labores fue abatida a balazos en el km 12 de la ruta a San Pedro Ayampuc. Otra tragedia, otra familia rota, otra pesquisa en curso. De esta manera, agosto tiene una gran posibilidad de alcanzar y superar a julio como el mes más mortífero del año. De acuerdo con las estadísticas oficiales, hay una reducción interanual de homicidios de hasta un 7 por ciento, pero de nuevo: intente explicar eso a los deudos.

El Colegio de Médicos y Cirujanos demandó una exhaustiva investigación por el crimen perpetrado contra el facultativo, sobre todo porque el 27 de diciembre del 2022 fue ultimado el ingeniero Francisco Galindo, quien laboraba en el mismo hospital privado que Meza. Hasta el momento se desconoce si esto constituye un nexo entre ambos casos, pero a la fecha no se tiene ninguna noticia de avances en la investigación del Ministerio Público, que en otros órdenes parece actuar con mucha más celeridad. Hasta julio se registraban 1,655 homicidios en el país, una baja de 116 casos si se compara con los primeros siete meses del 2022. Puede verse como una mejora, aunque hay departamentos con repunte.

Izabal reporta 99 asesinatos este año y en el 2022 fueron 79; Sololá lleva 16 y en el 2022 fueron 6; Chimaltenango tiene 40 contra 26 del año pasado; Alta Verapaz, 34 contra 24, y Zacapa 58 contra 50. La capital sumaba 703 muertes violentas hasta julio y en el 2022 eran 799. Los factores más asociados a los ataques armados son robos, extorsiones y enfrentamientos o vendetas que se atribuyen al crimen organizado. Enfrentar este flagelo requiere de mejor tecnología para la investigación y el monitoreo de las videocámaras, así como la concentración y distribución de fuerzas de seguridad con criterios logísticos modernos.

Esta necesidad de innovación pone de nuevo en cuestionamiento ciertas tácticas caducas y desfasadas de la Policía Nacional Civil, como la instalación de retenes en puntos fijos, y por lo tanto previsibles, del área metropolitana. La suposición detrás de dicha práctica es que los delincuentes, luego de cometer el crimen, van a pasar frente a los agentes apostados. Es una pesca improbable y con aviso. Por ejemplo, desde hace más de tres meses se mantienen agentes en un puesto de registro al ingreso del bulevar Las Buganvilias, zona 6. Mientras tanto, en calles de zonas como la 9, 10, 13 y 14 se producen atracos contra trabajadores sin que aparezca una sola patrulla policial.

El 12 de agosto fueron ultimados los periodistas Edín Alonso y Hugo Gutiérrez en el parcelamiento Caballo Blanco, de Retalhuleu, departamento en el cual se mantiene la misma cifra de muertes violentas en 2022 y 2023. Solo la pronta y efectiva captura de responsables, materiales e intelectuales, su procesamiento judicial eficiente y la obtención de condenas ejemplares puede ser un disuasivo contra la violencia. Todo lo demás acrecienta el sentimiento de inermidad.