Mortales ataques contra empleados de la Municipalidad de Ayutla, San Marcos, tienen toda la pinta de ser obra de bandas del crimen organizado. Se desconoce el motivo del antagonismo, pero dadas las características de violencia e impunidad imperantes en toda el área fronteriza con México, se presupone que se trata de un acto más de conflictividad acicateado por oscuros intereses. La práctica ausencia del Estado de Guatemala, a pesar de ser un área de constante operación de grupos dedicados al coyotaje, contrabando, trata de personas y narcotráfico, constituye un problema de larga data que distintos gobiernos eluden.

No es un secreto para nadie que el fallecido alcalde de dicho municipio, Erick Súñiga, fue extraditado en 2020 a Estados Unidos, país que lo requería por cargos de narcotráfico. El jefe edil se entregó en el 2019 a las autoridades y falleció en abril del año siguiente en prisión. Dados los señalamientos, también existe la posibilidad de un reajuste de fuerzas criminales en la zona limítrofe por la cual cruzan hacia México miles de migrantes indocumentados de todas nacionalidades, incluyendo guatemaltecos.

Otros municipios marquenses son escenario de los actos de mafias criminales que en ocasiones llegan a enfrentarse por disputas limítrofes, atacan a miembros de las fuerzas policiales e incluso a particulares o empresas que transiten sin la avenencia de quienes detentan poder armado ilícito. Los trasiegos de todo tipo constituyen un oscuro negocio que detona ambiciones, precipita colusiones y también tentaciones, lo cual pone en peligro el estado de Derecho y la certeza jurídica, y a la vez amenaza incipientes inversiones productivas en la región.

El envío de un contingente policial y efectivos del Ejército está bien como reacción, pero no constituye ni una política ni una solución, sobre todo cuando la cuenta regresiva marca 135 días para el final del período de Giammattei Falla. Es altamente improbable que en las semanas siguientes se emprenda una vasta operación de recuperación territorial e institucional en el área. Las recientes elecciones dejaron nuevas y reelectas autoridades locales, así como diputaciones que deben lidiar desde ya con la amenaza de grupos violentos. La misma transición gubernamental debería entrar en juego para no perder más tiempo ni ceder más terreno a la criminalidad.

Tampoco es un problema que afecte solo a Guatemala, pues del otro lado de la frontera, en Chiapas, se producen violentos ataques y enfrentamientos por parte de secuaces de carteles que les disputan rutas de tránsito a las autoridades. Lamentablemente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tampoco ha querido o podido entrarle con fuerza al combate de esta amenaza. La costa sur de Guatemala y Chiapas son áreas de entrega de droga proveniente de Sudamérica. No es algo nuevo, pero a la vez no se ha logrado erradicar el aterrizaje de aeronaves o la llegada de cargamentos por mar, lo cual agiganta al mismo tiempo la voracidad y polariza a las narcobandas.

Justo allí radica el principal peligro de la infiltración de dinero sucio en las campañas políticas para alcaldías y diputaciones, un tema que el Ministerio Público, tan oficioso para rastrear minucias en ciertos casos, no atendió con la debida fuerza. De hecho, todavía existen en el Congreso diputados electos con narcopartidos que nunca fueron investigados y, al contrario, pudieron cómodamente ser tránsfugas hacia agrupaciones allegadas.