El país necesita serenidad. Se tiene un presidente con promesa de entregar el cargo y proceder al proceso de transición, acompañado por la OEA. Existe un binomio oficialmente declarado triunfador, el futuro presidente electo es Bernardo Arévalo. También sendos reconocimientos de los nuevos diputados y de los alcaldes reelectos, así como de los nuevos. En fin, está firme el resultado de los comicios. No obstante, varios nudos provocan crispación entre incautos para favorecer el desorden e impedir un traspaso de poder.

1) La controversia sobre la continuidad de Movimiento Semilla, tiene como principales objetores al fiscal Rafael Curruchiche y al juez séptimo Fredy Orellana, con aplauso de los malos perdedores de la UNE, próxima a desaparecer. Se desconoce que la razón para recabar firmas es probar la existencia de seguidores para un grupo político. Realizadas las elecciones, dejan de tener importancia, puesto que los votantes son los que ratifican la existencia de ciudadanos respaldando a la organización. De nada sirven miles de rúbricas si no se alcanzan los votos suficientes para continuar en el registro. La judicialización es una trampa contra Semilla. La personería litigiosa debe ejercerla el secretario general de la entidad suspendida, sin robar atención al binomio electo. Lo urgente es establecer el presupuesto, efectuar las coordinaciones con alcaldes y los próximos funcionarios.

2) Degradación del pleito entre el bando subvencionado por el Departamento de Estado de EUA para influir en la administración de justicia contra los funcionarios en puestos de decisión en el ámbito judicial, es otro asunto donde se afecta la tranquilidad. El encono entre los grupos es cada vez más extremo. Se ha pasado de atacar a los abogados, a la afectación de familiares con independencia de cualquier consideración humana. Hasta ahora, no ha existido defensa gremial; a pesar de perseguirse a abogados, no hay declaración por parte del colegio profesional.

Pero no solo es por la torpeza de una parte, también la otra actúa con un veneno elevado: llama a interferencia y uso político de listas y señalamientos abusivos por políticos norteamericanos. La preparación de agresiones por parte de la cadena televisiva norteamericana dueña de una estación local es notoria. Tienen orquestados a los asilados en EUA para aparecer en entrevistas, declaraciones y apariciones en vivo, así como rutinas radiales. Por el estatuto de asilados, estos personajes no debieran ofrecer declaraciones políticas; pero la observancia del derecho internacional en esta hora está por los suelos.

3) Finalmente, aparece el ataque por parte de miembros de organismos y agencias de comunicación oficial extranjeras. Convertir al país en Perú 2.0 es su apuesta. Descarrilar al proceso de transición servirá para ocultar el uso de fondos reservados tanto del pasado como los que aceitan el escándalo. Se sabe de US$11 millones como una de las razones de este conciliábulo, pero existen todavía más fondos malversados, bajo diferentes justificaciones: apoyo a LGTIQ+, combate de contrabandistas de personas hacia EUA, campañas informativas para desanimar la migración, etc. El reparto de esos fondos es la gasolina que inflama el ataque a la institucionalidad del país. La lucha contra la corrupción es cuesta arriba, porque no está solamente afincada aquí, sino también en el norte.

La suma de perfidia judicial, el pantano del deep state y los intereses espurios buscan romper el régimen de legalidad para sustituirlo por la confusión más abyecta de bandas numerosas de picapleitos.