El viernes, el Ministerio de Finanzas entregó el Presupuesto General de la Nación 2024 al Congreso de la República, con un total de Q124.88 millardos, del cual se le está asignando al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Q6.58 millardos, apenas un 5.3% del total. Esta cantidad no solo es insuficiente para las necesidades de infraestructura que tiene el país, sino pone al siguiente gobierno en una situación compleja.

Según información de la Dirección General de Caminos, esta entidad ya tiene de por sí Q10 millardos por financiar, entre contratos comprometidos del 2022 y 2023, contratos con ejecución de arrastre, deuda de arrastre y proyectos adjudicados 2022 y 2023 pendientes de contrato, que según lo comprometido y lo presupuestado genera un saldo por financiar importante. A esta cifra hay que sumar al menos Q3 millardos de proyectos de Covial y del Fondo Social de Solidaridad.

Nuestro país tiene la menor red vial por habitante de toda América Latina y una de las más bajas del mundo. Apenas 1.03 metros de red vial por habitante, cuando Costa Rica tiene 8.87 metros por habitante; México, 6.35 metros; Colombia, 3.97 metros; Panamá, 3.96 metros; Nicaragua, 3.57 metros; El Salvador, 2.69 metros; República Dominicana, 1.85 metros; y Honduras, 1.45 metros. Para tener de referencia, Estados Unidos tiene 20.4 metros de red vial por habitante.

Esto nos plantea la necesidad no solo de aumentar la inversión del Ministerio de Comunicaciones, sino de generar mecanismos alternativos para su planificación, diseño, construcción y operación. Hay una clara solución que plantea la iniciativa 5431 Ley General de Infraestructura Vial, que pudiera ser aprobada si los diputados tuvieran como prioridad la calidad de la infraestructura vial, así como la necesaria reforma a la Ley que regula las Alianzas Público-Privadas.

Si seguimos con esta tendencia, nuestra precaria red de carreteras que apenas y se le transfiere lo que se necesita para el mantenimiento seguirá desplomándose literalmente, como ya lo hemos visto en los últimos años. La SAT ha logrado una recaudación que excede la meta en Q31.7 millardos, por lo que, por lo menos, se necesita que Q10 millardos adicionales se vayan directamente a infraestructura y que esto ayude a que el próximo gobierno pueda cumplir lo que se propuso.

Si no tomamos decisiones audaces, que ayuden a que Guatemala aumente su inversión pública, es muy complejo que pensemos en que podremos tener un país más desarrollado, donde se aprovechen las oportunidades que el nearshoring (fenómeno conocido así por la relocalización de inversiones, generalmente de Asia a países más cercanos a los Estados Unidos) le está generando a América Latina.

La reducción que se le hace al Programa 11 desde el 2022 para desarrollo de la infraestructura vial, al dejarlo en Q4.66 millardos, hará que el próximo año tengamos serios problemas en nuestras carreteras y no está permitiendo que el país avance hacia una senda de mayor crecimiento y generación de oportunidades. Un país que está creciendo, que se está urbanizando, que cada vez tiene más parques industriales, necesita más carreteras para conectar el área metropolitana y las diferentes ciudades intermedias.

Según información de la Dirección General de Caminos, Guatemala ya perdió 250 kilómetros de red vial durante el 2022, terminando con 17,903 kilómetros, el mayor retroceso en toda la era democrática, precisamente porque en el 2021 se le quitaron fondos al Ministerio de Comunicaciones, no sigamos cometiendo ese error.