La línea o zona de no retorno se entiende como “el umbral crítico en el que una pequeña perturbación puede alterar completamente el estado o el desarrollo de un sistema”. Cruzarla desencadena un cambio significativo en la manera de operar, y se puede saber que se ha pasado cuando los costos de regresar son mayores que los de continuar avanzando en esa equivocada dirección.

Se puede ver en los modelos políticos venezolano, nicaragüense o salvadoreño, en los que —aun siendo diferentes— quienes lideran esos países no pueden regresar a sistemas democráticos porque serían detenidos, procesados y seguramente condenados. Por lo tanto, no les queda de otra que seguir en el poder, perpetuarse, y “tirar para adelante” a pesar de los altos costos sociales, aunque para ellos siempre son menores que los que representarían los propios, al tener que confrontar a la justicia.

El caso nacional ha traspasado esa línea imaginaria. El Congreso, el MP, el sistema judicial y el partido UNE, amén de unos cuantos mafiosos descerebrados suficientemente identificados, permiten que el sistema democrático esté en jaque porque no aceptan los resultados electorales, las reglas del juego. Nada de esto ocurriría si el presidente de la República estuviera del lado correcto de la ecuación. Sin embargo, y a pesar de mostrarse complaciente con la OEA —directamente o a través del canciller—, permite, y quizá hasta alienta, las medidas de hecho que se toman y que debilitan gravemente el orden institucional.

Muchos se preguntan qué pueden perder los del lado oscuro, teniendo en cuenta que tanto el binomio ganador Arévalo-Herrera como los diputados electos de Semilla tienen corto margen de maniobra por no disponer de mucha fuerza política. Quizá en la respuesta se puedan encontrar razones para esta debacle.

Sin Ejecutivo, las rutas —terrestres y aéreas— del narcotráfico, en algún momento protegidas por parte de la Policía y del Ejército, quedarían controladas o difícilmente transitables; las entradas y salidas por los puertos sujetas al control fiscal y físico de las mercancías; la construcción de infraestructura libre de carga de coimas y sobornos; muchas medicinas bajarían de precio al perder el control monopolístico ciertos laboratorios e importadores; los sindicatos magisterial y de salud, terminarían por someterse al orden y dejar de chantajear al gobierno; los diputados dejarían de tener plazas fantasma en puestos de gobierno y tampoco contratarían obra pública con empresas afines, lo que les dificultaría recuperar la inversión hecha en su curul, y si continúa con el resto de ministerios y secretarias seguramente encontrará más razones para valorar las pérdidas económicas de muchos mafiosos. La UNE es posiblemente la más dañada, especialmente después de 15 años con poder y tres elecciones presidenciales perdidas, lo que representa un importante número de compromisos incumplidos e innumerables deudas.

Ahí se puede visualizar el costo, en el corto plazo, de quienes luchan enconadamente por mantener privilegios para nombrar autoridades y formar parte de instituciones. El mejor ejemplo —aunque no el único— fue como durante el presente gobierno se entregó a un diputado el Insivumeh como pago de favores.

Demasiado tiempo haciendo piñatas con dinero público como para irse ahora del cumpleaños sin la bolsa repleta de caramelos. Pero no nos engañemos tampoco. Nos acostumbramos a elegir mafiosos, y luego explotarlos pidiéndoles puestos, regalos y prebendas. Muchos ciudadanos fueron —y son— cómplices y no víctimas de esos delincuentes de la política, y ahora toca apechugar con el costo y la responsabilidad. Querrán seguir para adelante pero es momento de llenar de obstáculos el camino para que eso no ocurra. La mejor barrera, sin duda, son el compromiso ciudadano y la responsabilidad, aunque lleguen tardíos.