Luego de varias semanas retomo hoy mi columna semanal, con la esperanza de seguir contribuyendo un tiempo más desde este espacio al análisis social, sobre el desarrollo y las políticas públicas, en un momento tan crucial para nuestro país. Estamos viviendo en el filo de la historia, no solo en Guatemala sino a nivel mundial. Es un momento de inflexión, en el que la humanidad, como un todo, pero cada individuo a la vez, y cada sociedad tiene que decidir si queremos perpetuar la noche oscura de la segregación, la exclusión, el odio y la autodestrucción, o dar un salto cualitativo en la evolución social y del ethos de la especie, optando con convicción por cimentar formas de convivencia social, económica, política, cultural y hasta ambiental más proclives a una vida sana, armoniosa y constructiva para todos y para el propio planeta.

Guatemala no es ajena a esta tensión y dinámica global. No obstante, frente al auge del autoritarismo y a pesar de la cleptocracia enquistada en el poder, quedó claro en las elecciones recién finalizadas que la ciudadanía claramente se decantó por Bernardo Arévalo y Karin Herrera para la Jefatura de Estado y del Organismo Ejecutivo. Son de los pocos cargos de elección en Guatemala donde quién es el sujeto específico pesa y se refleja en el resultado, contrario a lo que sucede para la elección del legislativo. La ciudadanía votante optó por la profundización de la democracia, que propone más inclusión y quiere que se detenga el retroceso y el rezago en el que estamos sumergidos en materia de desarrollo humano e inclusión social y económica. El mensaje de las urnas ha sido claro: basta ya de tanta corrupción, de tanta vendetta. Queremos gobiernos que se ocupen por el bienestar de la ciudadanía y no solo el propio y el de su grupito de interés.

La mayoría vive ajena a la pugna ideológica con la que pretenden maquillar la evidente resistencia a perder todo el poder y privilegios de que han gozado en estos últimos períodos de gobierno, con la captura de todas las institucionales del Estado. Poder que, además, conservan todavía con holgura en el Organismo Legislativo, el Judicial y claramente, en el Ministerio Público y otras entidades estatales. Aun así, han llegado al extremo de la más degradante criminalización de los resultados electorales, y de las personas que lo único que hicieron fue ejercer su legítimo derecho constitucional de organizarse políticamente y llegar a ser electas.

Mientras tanto, la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas lo que queremos es vivir en paz, es poder poner alimentos en la mesa para nuestras familias; que tengan techo, salud, educación y seguridad. Tener oportunidades económicas e ingresos suficientes para que todas estas necesidades básicas y derechos humanos fundamentales se satisfagan con el fruto de nuestro esfuerzo, y con el soporte del Estado que financiamos con nuestros impuestos. No queremos vivir en dictadura, menos en una dictadura de la corrupción. Exigimos vivir en libertad y ejercer nuestros derechos ciudadanos sin ser perseguidos ni criminalizados por ello.

Más de 4 millones de ciudadanos votamos; 2.5 millones por Semilla y 1.5 millones por la UNE, en un proceso que, además, ya ha sido certificado por el TSE. Se comprende que a algunos no les parezca el resultado. A otros, no nos ha parecido el resultado en otras ocasiones, pero de allí a generar maniobras disfrazadas de legalidad para destruir la poca democracia que hemos logrado construir en el país, hay un abismo. Uno que no se debería cruzar. Cesar las hostilidades contra la democracia es el paso inicial para crear condiciones reales para buscar un acuerdo de gobernabilidad, como algunos han propuesto.