La súbita “aceptación de cargos” por parte del expresidente Otto Pérez Molina, acusado de cohecho, fraude y lavado de dinero en el caso Cooptación del Estado, ya sonaba sospechosa antes de ocurrir, y tras escuchar sus declaraciones, en las cuales admite los delitos pero culpa a terceros por los mismos, más parece un ardid para tratar de salir lo antes posible de prisión, lo cual se ve dificultado por su previa condena en el caso La Línea. Su declaración ante la jueza Eva Recinos deja más dudas que respuestas y cabe mencionar la laxitud de la fiscalía y de la propia togada, que le permitieron un discurso de aires fraudulentos en el cual endilga los delitos y solo admite que no se dio cuenta de lo que ocurría.

La figura de aceptación de cargos obliga a quien se acoge a ella “el deber de devolución o entrega del producto o los frutos de los delitos aceptados”, pero debido a que en algunos casos ni siquiera mencionó o no recordaba las dádivas mencionadas en la acusación, dicho testimonio debió ser cuestionado por la fiscalía y por la juzgadora. Ni siquiera en el sacramento católico de la confesión, que reviste total, absoluto y eterno secreto, se admite que una persona acuda a hablar mal de otros para justificarse, pues de lo contrario no hay contrición ni posibilidad de perdón, porque no hay culpa admitida.

El espíritu de la figura de aceptación de cargos es aclarar casos y sentar precedentes. No debió considerarse válida una declaración disfrazada de asunción de responsabilidades, pero plagada de autoexculpaciones. Ahí es donde los criterios del Ministerio Público difieren. Son enconados en determinados casos, y laxos en otros. Por menores montos de fondos lavados han pedido 40 años de prisión.

No obstante, la jueza Recinos, cuyo nombre queda anotado en los libros de la historia judicial del país, dictaminó contra Pérez Molina una pena de ocho años de prisión conmutables, sin que haya detallado siquiera a dónde fueron a dar los fondos obtenidos por los delitos admitidos. Se quejó el general retirado de que su caso se ha alargado mucho, pero no dijo que ha sido por los recursos dilatorios interpuestos por su defensa, quizá en espera de un río revuelto como el actual. La exvicepresidenta Roxana Baldetti había solicitado antes este mismo beneficio de aceptación cargos, pero no se presentó a ninguna de las tres audiencias permitidas, por lo cual su caso irá a juicio y en él obrará en su contra, sin duda, lo declarado por Pérez Molina.

Aún hace falta la petición de reparación digna por parte de los agraviados, que en este caso son la Empresa Portuaria Quetzal y la Procuraduría General de la Nación (PGN), en representación del Estado; es decir, no del gobierno sino de toda Guatemala, incluido usted que lee. ¿Cuánto van a pedir de resarcimiento al ahora condenado? No debería ser una bicoca, puesto que el embrollo de TCQ, originado por el fraude reconocido por Pérez, sigue generando serios problemas a la competitividad nacional.

Y puesto que la judicatura no hizo ninguna observación sobre la investidura presidencial como un agravante —que no un atenuante— de los cargos, la PGN puede y debe exponer que el exmandatario traicionó con sus acciones o sus declaradas “omisiones” la confianza de todos los ciudadanos guatemaltecos. Juró proteger los intereses del país y no lo hizo, juró desempeñar el cargo con dignidad y tampoco lo hizo. Una reparación leve o indulgente sería en extremo indigna.