David de León, vocero del TSE dijo que la apertura de las cajas electorales se da sin la anuencia de los magistrados de esa órgano, al argumentar que el artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos refiere que solo las Juntas electorales tienen la potestad para verificar la documentación electoral, por lo que ahora esa documentación queda bajo la responsabilidad del MP y del juez que ordenó las pesquisas.
El abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, coincide en que abrir las cajas donde se resguardan los votos constituye una ilegalidad, al argumentar que solo la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) lo permite.
“Es una ilegalidad del juez, estamos viendo la máxima ilegalidad del sistema judicial en todos los tiempos. Ahora vemos que el juez invade campos electorales lo cual es hasta constitutivo de delito, es un abuso lo que hace y no hay duda”, señaló.
Según Balsells, lo que corresponde a temas electorales no puede ser regulado por leyes ordinarias, únicamente por la Lepp y son los magistrados del TSE los que deben defender el proceso.
“Lo que vemos es el retorno de prácticas militares en temas electorales, el TSE debe hacer valer su autoridad porque son demasiado pasivos frente a los abusos del sistema judicial. Los límites los establece la Lepp, abrir las cajas no lo puede autorizar un juez”, puntualiza el abogado constitucionalista.
Suspicacia
El abogado constitucionalista Edgar Ortíz dice que si los fiscales del MP abrieron las bolsas donde se resguardan los votos es ilegal y una violación electoral, y no tendría valor probatorio en un juicio porque se hizo de manera ilegal”. No obstante, afirma que si solo verificaron el documento 4 donde se hace constar el conteo de los sufragios no es ilegal, pero habrá que ver el fin de esta investigación, aunque considera que no era necesario, puesto que solo tenían que hacer una “simple” solicitud de información.
“En nuestro sistema por razones históricas la Ley Electoral le da valor al documento cuatro, a las actas, no a las papeletas, las juntas receptoras son autónomas y al momento de hacer el documento cuatro es el resultado oficial guste o no. Lo único que pueden hacer los partidos es impugnar resultados, pero las boletas no se pueden sacar”, explicó.
Ortíz dice que si bien el MP quiere confirmar la existencia de las actas, despierta suspicacia y es raro, al no saber para qué quieren la información y el marco de la investigación.
“Es una investigación a ciégas porque no se sabe que es lo que quieren probar”, acotó.
Ambos abogados consideran que con estas acciones se vulnera el proceso electoral y es una forma de intimidar nuevamente a las autoridades electorales.
Sobre si es violatorio a la Constitución el hecho que fiscales del Ministerio Público realicen esta diligencia, tomando en cuenta que la tarea le corresponde únicamente a las Juntas Receptoras de Votos, la directora Electoral, Gloria López dijo que no haría una calificación en ese sentido. Sin embargo, expresó que “es algo sin precedente”.
López dijo que en los procesos electorales realizados en Guatemala la Ley Electoral y de Partidos Políticos no contiene ninguna norma en la que faculte a nadie poder abrir las cajas electorales, realizar un conteo de votos en apertura y ver qué hay en las mismas.
“El escrutinio es exclusivo de las Juntas Receptoras de Votos el día en que se realizan las elecciones. Al finalizar las votaciones son las Juntas Receptoras de Votos las que certifican los resultados electorales obtenidos en la mesa”, explicó.
Añadió que son los únicos también que pueden dar fe de cuántos ciudadanos acudieron a votar y que realmente las firmas que aparecen en el padrón son las de aquellos ciudadanos que votaron en esa mesa.
“Ese padrón está en las cajas electorales, lamentablemente no lo tenemos todavía digitalizado, porque las cajas han estado resguardadas, tal como retornaron de todo el interior de la República”, acotó López.
Perderían custodia
López, aseveró que si el MP secuestra las cajas electorales, el TSE pierde la custodia y prácticamente no tendrían responsabilidad del contenido de las mismas.
“Nosotros ya no podríamos asegurar que exactamente son los votos que están ahorita dentro de las cajas electorales y qué es exactamente la cantidad de firmas y huellas que están en los padrones electorales de mesa, que van dentro de las cajas electorales”, señaló.
Agregó:” Confiamos en la profesionalización de las instituciones públicas y lo que estamos haciendo es cumplir con la orden emanada por un órgano jurisdiccional, a lo que también está acatando el Ministerio público”..
Materias distintas
Por su parte, Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que son cuestiones distintas.
Quezada sostiene que en materia electoral ya se concluyeron las fases y no es posible la revisión para cambiar resultados electorales porque ya hubo impugnaciones de los partidos políticos. Sin embargo, argumenta que el MP sí puede levantar la tesis de que se necesita hacer una verificación documental porque hay “evidencia de una comisión de delito” para trasladarlo a un juez y que él considere las pruebas.
“En materia electoral son fases concluidas, pero en materia penal al abrir las cajas electorales habrá que determinar que hay un ilícito penal, son materias distintas, habrá que ver si los allanamientos tuvieron el peso contundente y si ameritaba estas estas acciones”, concluyó.
