Definición de tropelía, según el Diccionario de la Lengua Española: 1. f. Atropello o acto violento, cometido generalmente por quien abusa de su poder. 2. f. Aceleración confusa, desordenada e incluso violenta. Ambas describen plenamente la execrable, inédita e injustificable violación de la cadena de custodia del voto cometida ayer por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en pleno período electoral aún vigente, con una orden judicial cuestionable, de un juez ídem que no respeta jerarquías ni plazos, que no atiende normas constitucionales y, por lo tanto, actúa por la libre sin que la Corte Suprema de Justicia tome el caso con seriedad. Antes bien, guardan silencio y con ello se pliegan tácitamente a los atropellos de un subalterno.

Una semana atrás, la fiscal general, Consuelo Porras, convocó a una conferencia de prensa en la cual leyó un comunicado ampuloso para negar que esté urdiendo un golpe de Estado a través de acciones que socavan el proceso electoral. Tras la monserga no hubo oportunidad de preguntas y al observar las acciones afrentosas de ayer, parece haber sido una dilación para perpetrar un abuso a solo dos días del inicio de festejos patrios. El Tribunal Supremo Electoral reivindicó gallardamente ayer su supremacía constitucional en materia electoral y calificó de “grotesca” la escena del destape de 160 cajas de papeletas.

El MP transgredió ayer una línea histórica sagrada del sistema político y democrático guatemalteco que le da sustento incluso al poder temporal que le fue delegado a la fiscal general por el presidente de la República. La Fiscalía está atentando contra la soberanía del voto popular y contra la concreción de la voluntad democrática. No es un símbolo ni una representación, sino la presencia ciudadana depositada en los votos.

Una secuencia de actos delata trasfondos. La semana anterior, la Fiscalía solicitó antejuicios contra todos los magistrados titulares del TSE por una queja del partido de Sandra Torres, perdedora en segunda vuelta por tercera vez. Tal solicitud debe ser desestimada por la Corte Suprema de Justicia, por improcedente, parcial y malintencionada. El TSE ha cumplido con dignidad la función de celebrar comicios, contabilizar sufragios y oficializar los resultados para el relevo de poder. Queda clara la ambición de Torres, pero el silencio de otros partidos denota intereses ocultos. Por cierto, el MP emprendió tardías pesquisas en contra de algunos de ellos para tratar de exhibir ecuanimidad.

El presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla, inició de manera formal el proceso de transición con todo este refuego de fondo. Supuestamente hay voluntad de entregar el poder a quienes fueron electos con 60% de los votos válidos. Sin embargo, dadas las circunstancias, las implicaciones y la gravedad de las medidas avaladas por la fiscal general se hace necesaria una toma de postura pública del mandatario que la designó. La acción de ayer raya con posibles tipificaciones de delitos contra el orden político del Estado.

Grupos ciudadanos, universidades, institutos de pensamiento, exconstituyentes y constitucionalistas, exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad y países amigos de Guatemala han expresado su indignación a causa de los excesos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por un caso que debió ser llevado, en principio, por la Fiscalía de Delitos Electorales. Este nuevo “serranazo” exuda intolerancia y busca desacreditar los resultados electorales mediante oscuros argumentos legaloides para tratar de darle un porrazo a la democracia.