Acciones recientes del Ministerio Público han sido consideradas a nivel nacional e internacional como abuso de autoridad, extralimitación de funciones y lesivas contra el proceso electoral. El inédito e irrespetuoso acto de violentar las cajas de papeletas de votación bajo resguardo del Tribunal Supremo Electoral y, peor aún, durante el período de elecciones, aún vigente, es una transgresión que no puede quedar sin consecuencias para sus responsables. Una denuncia anónima acerca del pago de la deuda electoral es una justificación improcedente ante la violación de la custodia del sufragio.

No importa si fue una caja o 70, el precedente es nefasto y abre la puerta a ulteriores abusos similares o peores, y al menos la actuación debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, por nula, dañina y afrentosa. Desde hace mucho Guatemala necesita independizarse de las discrecionalidades de funcionarios en nombre de potestades otorgadas por la ciudadanía. La Nación necesita afianzar el estado de Derecho y la certeza jurídica mediante la sanción contra medidas ilícitas.

Nada ayudó la oficiosa inhibición de la Corte de Constitucionalidad ante el amparo solicitado por el Tribunal Supremo Electoral contra la incursión del MP. La CC se lavó las manos cual Pilatos: endosó la petición a la Corte Suprema de Justicia y con ello dilató la respuesta en un momento crítico. Ello dio tiempo a que la Feci finalizara de manera anticipada la irrupción al Centro de Operaciones del Proceso Electoral. El fiscal Rafael Curruchiche dijo que todo quedó en su lugar y que no hubo ningún conteo de votos. No obstante existe un video en el cual se observa a una auxiliar fiscal revisando papeletas.

Se queda sin tiempo el presidente Giammattei Falla para pronunciarse sobre el asedio del MP, con ayuda de un juez, contra el proceso electoral, contra el Registro de Ciudadanos y contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Seguir emitiendo declaraciones ambiguas de que entregará el poder o de que respeta la independencia de poderes es insuficiente porque tales manifestaciones se resbalan en un contexto apremiante.

Él nombró a la fiscal general Consuelo Porras y ante él rinde cada año su informe de trabajo, y por lo tanto es él, como mandatario y representante de la Unidad Nacional, quien debe exigirle cuentas de sus acciones contra el proceso electoral. Grupos ciudadanos, iglesias, empresariado organizado, estudiantes, juristas y la comunidad internacional reclaman el fin de la cruzada antidemocrática emprendida bajo pretextos legales de poca monta que se estrellan contra la supremacía de principios constitucionales establecidos pero menospreciados por los perpetradores.

La propia CC debe enmendar su tibieza cómplice y poner un alto al intento de golpe contra el proceso electoral. La Corte Suprema de Justicia está llamada, por delegación, a defender la voluntad ciudadana y los principios democráticos que le dan razón de ser y sentido a cada poder del Estado. Es vergonzoso el silencio del Colegio de Abogados y Notarios, al cual pertenecen muchos de los agresores al estado de Derecho, pero también el de la mayoría de partidos políticos perdedores. Pero así ocurrió el 15 de septiembre de 1821, la gesta patria que hoy se conmemora. El capitán general Gabino Gaínza era timorato y su postura era tibia, casi traidora, pero el clamor popular y la profundidad de los argumentos de los independentistas lo colocaron como el primer gobernante de un nuevo país.