Se trata de artículos enfocados en la compra de vacunas contra el covid-19, prohibición de gastos superfluos, el manejo de fondos de los Consejos de Desarrollo, un préstamo y un seguro para la gestión de desastres.
El binomio electo, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera designó como delegado para la transición de gobierno al economista Jonathán Menkos, diputado electo por Movimiento Semilla para la futura décima legislatura.
Sin embargo, Menkos no acudió a la reunión que la mesa legislativa le agendó para exponer las necesidades financieras del futuro gobierno.
Samuel Pérez, integrante de Movimiento Semilla e integrante de la Comisión de Finanzas, pidió un cambio de fecha por temas de agenda, pero su petición no fue aceptada.
Pese a eso, previamente la mesa legislativa solicitó que el delegado del binomio electo partícipe en cada una de las reuniones, en donde se analizará el presupuesto de cada institución, por si existen sugerencias puntuales.
El Ministerio de Finanzas recomendó al Congreso de la República un plan de gastos por Q124 mil 880 millones, dinero que tendría que ser ejecutado por la administración Arévalo y Herrera.
Pero para eso requiere que los diputados de Movimiento Semilla logren los acuerdos necesarios dentro de un Pleno legislativo, que en toda la novena legislatura, ha estado dominado por la alianza oficialista.
Para expertos en materia financiera el nuevo gobierno tendría mayores posibilidades de cumplir con sus metas si llega a contar con un presupuesto bien distribuido y estratégico.
Para los analistas Jorge Lavarreda, del Centro de Estudios Económicos Nacionales (Cien), y Luis Linares, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies), los diputados están manteniendo la misma dinámica de análisis que en los últimos tres años.
La Comisión de Finanzas desarrollará hasta finales de septiembre una serie de audiencias públicas, mismas en donde serán invitadas todas las instituciones que manejan recursos del Estado, para conocer si la cantidad propuesta en el presupuesto es lo suficiente para cumplir con su estrategia para el 2024.
El documento que trasladó el Ejecutivo está sujeto a los cambios que considere la Comisión, pero posteriormente este documento puede ser modificado al momento que sea discutido por el Pleno de diputados.
En el 2020 el oficialismo consiguió la aprobación del presupuesto, del que se vieron obligados a dar marcha atrás por opacidad. Los congresistas aprobaron el presupuesto en plena madrugada y esto desencadenó protestas sociales que terminaron con la quema de algunas oficinas del Congreso de la República.
En los años 2021 y 2022, la alianza oficialista logró tener un dictamen favorable del presupuesto y conseguir sus aprobaciones en el Pleno, esto pese a señalamientos de poca transparencia y fondos destinados a posible corrupción que advertían las bancadas minoritarias de oposición.
Una de esas bancadas de oposición era Movimiento Semilla, que en la siguiente legislatura pasará a ser oficialista, y que necesitará el aval de la mayoría de actuales diputados oficialistas para contar con la aprobación de un presupuesto 2024, que le será útil para cumplir con sus promesas de campaña y mantener el funcionamiento del Estado.
Vacunas
El artículo 25 del proyecto de presupuesto contempla la compra de vacunas contra el covid-19, explicando que es una asignación que estará dentro del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Según esta norma, la cartera de salud deberá de hacerse cargo de las gestiones necesarias que le permitan al país contar con vacunas, o cualquier insumo necesario para la atención de la pandemia.
La forma de pago para las vacunas o insumos para el combate a la pandemia podrán hacerse en forma de anticipos, o bien “anticiparse hasta por todo el convenio firmado para el ejercicio fiscal vigente”.
Lavarreda del Cien, considera que la asignación es adecuada, ya que aún se siguen reportando casos de pandemia y es necesario que la administración cuenta con los insumos necesarios.
“En la propuesta que hacen se queda una pequeña parte para pandemia este año, que está en el ministerio de Salud”, señaló el experto.
Las estimaciones que ha hecho el analista sobre los gastos de covid, le reflejan una disminución considerable a comparación de los últimos años.
“Para el otro año, redondeando dejaron Q59.9 millones, es una reducción importante respecto a lo que se tenía en 2023 porque ha ido siendo el tema y va para abajo el tema”.
Pero quien tiene una visión opuesta es Linares de Asies, quien ve un tanto peligroso que se dé una asignación de este tipo cuando incluso se desconocen los acuerdos y contratos que suscribió el gobierno de Guatemala para acceder a la vacuna contra el covid-19.
Linares considera vital que cuando se retomen las acciones de transición, los técnicos de Salud soliciten detalles puntuales de esos acuerdos que al día de hoy permanecen como confidenciales.
“Después qué buena parte de las vacunas de Guatemala son donación, este año no gastan nada y ahora ponen una partida que no se va a ejecutar, pero le dejan ese dinero congelado al gobierno”, refirió.
Lo anterior, a consideración de Linares, puede generar complicaciones al futuro gobierno.
Principalmente, porque son recursos económicos que no podrá tocar bajo ninguna circunstancia, de la que se desconocen aspectos clave y necesarios de los acuerdos, mientras que al día de hoy, indica, se ven pocas acciones para el combate a la pandemia en Guatemala.
“Si este año no han comprado vacunas es porque no son tan necesarias, y dejar ese dinero congelado”, indicó.
La compra de vacunas contra el covid-19 se rige por una ley aprobada por el Congreso de la República. Guatemala compró las vacunas rusas contra la pandemia, que presentaron problemas para su entrega al país.
Gastos
El artículo 27 lleva por nombre “Prohibición de gastos superfluos”, en donde queda estrictamente prohibido el uso de fondos públicos en cuatro aspectos.
El primero restringe el uso de dinero público para compra de alimentos y bebidas para los despachos de los ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios de Organismo Ejecutivo.
El segundo, restringe uso de recursos del Estado para combustible de vehículos al servicio de ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios.
La tercera restricción impide el gasto de líneas telefónicas para altos funcionarios del Ejecutivo, toda vez se excedan de Q600 al mes.
La cuarta prohíbe viáticos y gastos de representación, con excepción en que representen al Estado de Guatemala en eventos internacionales, toda vez notifiquen del mismo al Ministerio de Relaciones Exteriores.
A consideración de Lavarreda, en varios gobiernos, y Guatemala no es la excepción, se han venido incluyendo en los proyectos de presupuesto artículos en este sentido, que buscan mejorar el uso de los fondos públicos.
“Estos artículos se han vuelto bastante estándar. Esto ya se acostumbra, tiene incluso montos básicos para el renglón 029”, para evitar la contratación excesiva de este tipo de personas, acotó el analista.
Adicionalmente, Lavarreda estima que este tipo de artículos ya no son una novedad, ya que es una manera en que se busca mejorar el uso de los recursos.
“Yo le diría que estos son articulados que se han dado en distintos ejercicios fiscales, no es nada extraño”, indicó.
Quien considera que el artículo presenta algunos elementos nuevos es Linares, “si hay limitaciones, creo que de celular no ha habido”.
Actualmente, el proyecto de presupuesto 2024 se encuentra bajo análisis de la Comisión de Finanzas, en donde Movimiento Semilla tiene representación, y según Linares, será clave que la bancada evalúe en profundidad cada uno de los puntos que ha propuesto el gobierno saliente.
“Poner ahora límites sin estudios previos puede ser por gana de fastidiar al nuevo gobierno”, considera el analista.
Se espera que en las reuniones pendientes de la mesa legislativa, se cuente con la representación de un delegado del futuro gobierno, para que de sus valoraciones puntuales y técnicas en cuanto al presupuesto nacional 2024.
Al inicio de esta legislatura el Movimiento Semilla, junto a otras basadas de oposición criticaron de manera severa como el Congreso de la República destinada recursos para líneas telefónicas y seguros, indicando públicamente que estos gastos son innecesarios.
Inversión local
El artículo 44 habla sobre los saldos de los Consejos Departamentales de Desarrollo, punto que en el presupuesto del 2023 despertó inquietudes porque la alianza oficialista estipuló que los saldos no gastados en el ejercicio fiscal vigente, se usara en el siguiente año, justamente para el año electoral.
Congresistas de oposición, indicaron que esos fondos podrían ser usados como campaña político, además de ser “bolsones de corrupción”, a consideración de los congresistas en la discusión del presupuesto 2023.
Pero, ahora la propuesta que traslada el Ministerio de Finanzas da cuenta que el dinero que no se utilice de en los Consejos Departamentales de Desarrollo pasen al fondo común.
Lavarreda ve positiva está normativa, ya que es incluso la forma en cómo se tendría que estipular en este tipo de rubros no usados.
“Es buena medida porque es una forma más natural del funcionamiento de estos aportes, es un aporte legalmente establecido, les permitían antes usar esos saldos pendientes de ejecutar”, señaló.
Incluso, considera que es una forma de dar orden por los temas de gastos no ejecutados.
“La lectura mía es que están dejando más limpia la mesa para la próxima administración. Lo deja como tradicionalmente había sido”, explicó.
Estipular una normativa de este tipo, de esa forma, para Linares, necesita contar con un estudio económico y municipal de fondo.
Ya que, según él, tomar esta decisión de manera apresurada podría traer conflictos en distintas áreas del país.
“Se asignan los recursos para un año pero por algo no se termina el proyecto, quizá porque no era posible y en otros casos recibían los fondos retrasados”, es una diferencia notoria a consideración de Linares cuando los fondos iban a seguir siendo usados por el todavía oficialista.
“Ahora de golpe cortar eso, es otra forma de fastidiar”, considera Linares.
El principal problema que identifica es que en ocasiones, el Ministerio de Finanzas suele tener problemas con el traslado de fondos.
Por lo que muchas obras quedan a medias, y es imposible continuar, por lo que apunta que se debe de estudiar a detalle en que zonas está medida si podría ser útil.
“El presupuesto se empieza a ejecutar en febrero, he escuchado casos que en agosto todavía no haían recibido un solo centavo, entonces por eso vienen los proyectos de arrastre”.
El proyecto de presupuesto está sujeto a cambios, por lo que el dictamen podría ser modificado, o bien, Semilla podría buscar la redacción más adecuada durante su discusión.
“Hacerlo de golpe es afectar, las municipalidades se les hará difícil adaptarse y quedarán inconclusos”.
Deuda
El artículo 56 contempla un bono del tesoro por Q10 millones 587 mil 185 185. El dinero será destinado, según el proyecto de presupuesto para el programa al adulto mayor, incentivos forestales, infraestructura vial, y también el financiamiento para cubrir las deficiencias netas del Banco de Guatemala (Banguat).
Adicionalmente, se faculta en la normativa al Ministerio de Finanzas para emitir, negociar y colocar los bonos del tesoro, conforme lo establece la ley, ya sea los gestionados en el ejercicio fiscal vigente o los anteriores.
En la parte final del artículo se faculta al Ministerio de Finanzas a también realizar los pagos de la deuda pública.
Para Jorge Lavarreda, los puntos abordados deberían de contar con su propia fuente de financiamiento.
“Esto ya quedó en la legislación. Recuerde que hubo una modificación a la ley del adulto mayor, entonces se quedó así, les aumentó el mínimo pero se tuvo cumplir”.
El experto considera que con este bono del tesoro y su destino, el Ejecutivo prácticamente quedó atado de manos, ya que no es posible cambiar el destino de esos recursos.
Tan solo les queda acatar las leyes que en su momento dejó el Organismo Legislativo.
“No es que el Ejecutivo dijera algo, sino que están cumpliendo una normativa legal”.
Pese a que tan solo están “cumpliendo”, a consideración de Linares, es necesario que a futuro se piense mejor en que se destina este tipo de recursos.
Principalmente porque la sociedad puede no compartir el destino de la deuda, al evaluar cómo se destinan grandes cantidades de dinero para pagar a programas, que incluso, fueron promesas de campaña.
“El adulto mayor viene desde el 2005 y se estableció que sería con deuda interna, es un gasto recurrente con deuda, e igual hacen con lo de los veteranos militares”.
El todavía partido oficial, VAMOS, utilizó para su campaña electoral pasada ofrecimientos relacionados al programa del adulto mayor.
Incluso, su candidato, Manuel Conde, acompañó al presidente Alejandro Giammattei a este tipo de eventos.
“Es un gasto ordinario con deuda, de manera que es contraproducente y contrario a la lógica del endeudamiento los dos gastos”.
Si el futuro gobierno quiere adquirir deuda, a consideración de la fuente, tiene que hacerlo de manera estratégica.
Para que los contribuyentes sepan en qué se usa, para que perciban algún tipo de beneficio y no se generé algún tipo de discordia.
“No se deben de financiar con deuda, con deuda se financian inversiones en infraestructura y en equipo”.
Desastres
artículo 73 contempla el pago para la continuidad de una póliza por desastres naturales, para la cual el gobierno destina Q7 millones.
Guatemala mantiene una posición geográfica que hace que de manera recurrente sea noticia pos desastres naturales: inundaciones, deslaves, temblores, entre otros.
Pese a eso, el tema no ha cobrado relevancia en la opinión pública y se desconocen aspectos sobre este seguro.
Sin embargo, Lavarreda indica que este seguro no es nuevo. “Esto empezó en la administración de Jimmy Morales”.
Guatemala en prácticamente ocho años ha mantenido este seguro, y ha sido objeto del embate de la madre naturaleza.
Por ejemplo, tan solo en el 2020 las tormentas tropicales Eta e Iota causaron daños considerables en el país.
“Este es un seguro paramétrico. Guatemala sufre de desastres naturales de distinta índole, no es una novedad, entonces una buena práctica es que en vez de entrarle con recursos fiscales para reponer los daños existen estos seguros”, explicó el analista,
Este tipo de seguros permiten responder a un desastre natural, sin tener que utilizar los recursos del Estado.
Pero para poder llegar a ellos se necesita que se cumplan una serie de condiciones. “Esto quiere decir que cuando se cumple una serie de parámetros que establece la póliza, por ejemplo, tantos milímetros de lluvia al día se activa el seguro y le pagan”.
El seguro aparente ser una herramienta útil, sin embargo, para el analista Linares se necesita que el tema sea socializado.
Linares, prefirió no comentar debido a que desconoce aspectos del seguro, incluso afirmó desconocer que el estado de Guatemala destina una cantidad de recursos públicos en un seguro de este tipo,
De manera recurrente Guatemala sufre desastres naturales. Incluso una lluvia constante es suficiente para colocar a cientos de familia en situaciones de riesgo.
Las noticias cíclicas sobre desastres naturales continúan, pero un seguro de este tipo, a consideración de los analistas, podría ser vital.
Pero para eso se requiere que el seguro sea socializado, que se conozcan detalles de en qué momento el seguro va a responder y en cual no.
La cantidad que se destina para el mismo amerita que se conozcan detalles, ya que ese seguro sale del dinero de los contribuyentes, y es vital tener parámetros de respuesta para saber que es un recurso que no solamente se despilfarra, sino que por el contrario, puede ser vital en etapas de reconstrucción.
