De esa cuenta que este lunes 18 de septiembre, el embajador de EE. UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Frank O. Mora, urgió al Gobierno de Guatemala a cumplir sus compromisos en virtud de la Carta Democrática y garantizar una transición de poder fluida y pacífica.
El diplomático señaló que debe cesar la intimidación contra funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del partido Movimiento Semilla, con el cual Bernardo Arévalo de León ganó la Presidencia en las elecciones recién pasadas.
Además, señaló que la manipulación de urnas selladas es un ataque a la democracia y al estado de Derecho.
La embajada de EE. UU. en Guatemala repicó el mensaje que O. Mora publicó en sus redes sociales, el cual dice: “#EEUU urge al gobierno de Guatemala cumplir con los compromisos adquiridos bajo la Carta Democrática de la @OEA_oficial y asegurar una transición de poder fluida y pacífica”.
El mensaje detalla que “la defensa de los principios democráticos no es negociable. La colaboración con los socios regionales es clave para defender la democracia y la rendición de cuentas”.
Arévalo de León presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales de la Fiscalía contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la democracia”.
“Nos hemos visto en la necesidad de plantear amparos contra estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo”, declaró Arévalo de León frente a la Corte Suprema de Justicia.
Arévalo de León, de 64 años, presentó un recurso ante el Supremo para revertir las acciones que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras y la cúpula de esta entidad, han emprendido contra el proceso electoral en el país.
El presidente electo, que ganó el balotaje por la Presidencia el pasado 20 de agosto, fue acompañado por el equipo jurídico de su partido, el Movimiento Semilla, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera.
En el recurso planteado por Arévalo de León se denuncia, además de a Porras, a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales y al juez penal Fredy Orellana, señalándolos de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.
Con esta acción, Arévalo de León pretende que los magistrados reviertan las acciones judiciales de la Fiscalía, incluido el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada y la destitución de Porras y los demás funcionarios implicados, en lo que él ha calificado como “un intento de golpe de Estado”, para evitar que tome el poder el próximo 14 de enero.
“En un Estado democrático cuando la ciudadanía habla en las urnas y da un mensaje contundente las instituciones tienen que acatar este mandato, el único soberano es el pueblo”, sentenció Arévalo de León.
