Bernardo Arévalo asistió al IX encuentro del Grupo de Puebla, realizado del 29 de septiembre al 1 de octubre. Cabe preguntarnos, ¿cómo incide este grupo internacional en la política nacional de Guatemala?

El Grupo de Puebla es un foro político fundado en el 2019 que reúne a líderes socialistas de América Latina, España y Portugal. Los fundadores más conocidos son los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Argentina, Alberto Fernández, y los expresidentes de Honduras, Bolivia y Colombia: Manuel Zelaya, Evo Morales y Ernesto Samper, respectivamente. Samper integra la coordinación ejecutiva del grupo, junto con Alicia Bárcena, la ex secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre otros. Ana Isabel Prera es la única guatemalteca fundadora; ella fue embajadora de Guatemala ante varios países y la Unesco.

En este grupo no sobresalen líderes cubanos ni venezolanos. Ello es relevante, porque la agrupación es una especie de alternativa al Foro de Sao Paulo, que nació en 1990 por iniciativa de Lula da Silva y el dictador cubano Fidel Castro. Después de la implosión de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín en 1989, el Foro de Sao Paulo buscaba “enfrentar la ofensiva imperialista”. Treinta años más tarde, tras el desgobierno de la izquierda en Venezuela, Ecuador y otros países, los signatarios de la Declaración de Puebla (2019) propusieron “un nuevo proyecto común” para luchar contra una “nueva ola de gobiernos neoliberales” en la región. Ya para noviembre del 2022, reaparece el tono triunfalista en sus comunicados. Atribuyen este nuevo pendulazo pro-socialista al activismo juvenil, obrero, feminista y ambientalista, y proclaman el fin del llamado “invierno conservador (2016-2021)”.

Hace dos días, el Grupo de Puebla se declaró en emergencia para observar el proceso de transición del poder presidencial en Guatemala, que consideran en peligro. La entidad reclama la elección de Bernardo Arévalo como una victoria progresista. ¿Es dicho respaldo una espada de doble filo para Arévalo? Por un lado, tal apoyo público lo fortalece, pero por el otro lado, lo presiona a implantar la agenda progresista. Arévalo está consciente de que son escasos los izquierdistas comprometidos entre los que votaron por Semilla en segunda vuelta. Para quedar bien con una mayoría de los gobernados, Arévalo debe moderar su discurso y adoptar posturas más centristas en lugar de radicalizarse.

Además, debemos examinar la tesis según la cual la derecha corrupta en Guatemala erosiona la institucionalidad mediante una “sistemática judicialización del proceso electoral”. Desde su incepción, el Grupo de Puebla ha insistido en condenar el uso de los procedimientos legales para deslegitimar a un opositor político (lawfare, en inglés), quizás porque Lula da Silva fue acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero y no pudo competir en las elecciones del 2018. En el 2021, la corte federal suprema anuló los cargos en su contra. Recientemente, el Grupo de Puebla publicó el libro Guerras jurídicas contra la democracia.

Desde su óptica, pareciera que el lawfare es un invento de la derecha, pero en realidad, toda ideología puede empuñar esta arma. De hecho, la entidad que perfeccionó el lawfare en Guatemala fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sobre todo bajo la dirección del socialista Iván Velásquez, actual ministro de defensa en Colombia. Cabe analizar: ¿Constituye lawfare todo proceso judicial contra la clase política? ¿Están por encima de la ley los políticos? ¿Cómo puede la ciudadanía distinguir un proceso jurídico legítimo y constructivo, de uno destructivo y políticamente parcializado?