Ocho representantes de organizaciones indígenas conversaron en la Casa Presidencial con Giammattei y una misión mediadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), y pidieron al mandatario solicitarle la renuncia a la polémica fiscal Consuelo Porras; sin embargo, este dijo que no está facultado para eso.
El Gobierno por su parte dijo en un comunicado que durante la reunión “se ha privilegiado el diálogo y el llamado a la búsqueda de una solución pacífica en beneficio de todos los guatemaltecos”.
Señala que “la reunión se ha desarrollado en un ambiente de respeto, ahondando en las competencias del Organismo Ejecutivo, su mandato legal y las atribuciones presidenciales para poder atender sus requerimientos”.
También señala que se escucharon las demandas de los líderes indígenas y “se ofrecieron alternativas para que las mismas sean planteadas ante las entidades que tienen la competencia legal para atenderlas”.
“En esta dinámica ha privilegiado el diálogo y se ha dado un paso al frente en la búsqueda de soluciones pacíficas, con el acompañamiento de la misión de mediación de la OEA”, refiere la misiva.
El Gobierno detalla que “como se reconoce el derecho de manifestación también se reconoce que hay población afectada en su derecho constitucional a la locomoción y el acceso a otros derechos fundamentales”.
“Hacemos énfasis que el artículo 182 de la Constitución Política de la República establece que el presidente de la República representa la unidad nacional y por eso debe velar por los derechos de todos los habitantes”, prosigue el documento.
El Ejecutivo refiere que “de momento no ahondaremos en detalles que puedan afectar el transcurso del diálogo que ya se ha iniciado”.
“Se resalta positivamente esta reunión como una muestra de voluntad de salir de la coyuntura actual sin escalamientos de confrontación en nuestra sociedad. El establecimiento de la mesa de diálogo aspira a encontrar una salida definitiva a la actual situación”, dice la nota.
El comunicado concluye: “El compromiso para continuar con este espacio constructivo espera ahora una respuesta consensuada por parte de las autoridades ancestrales en el menor tiempo posible”.
Desde hace 11 días, miles de manifestantes mantienen los bloqueos para exigir la salida de Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, luego de que estos ordenaron allanar el tribunal electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.
Los tres funcionarios, calificados por Estados Unidos como “corruptos” y “antidemocráticos”, son señalados por Bernardo Arévalo de orquestar un “golpe de Estado” para evitar que asuma el poder el 14 de enero.
