Mediante sorteo, usando una tómbola, la Junta Directiva deberá de seleccionar a los cinco integrantes de la Comisión Pesquisidora, en donde la única persona que queda fuera del sorteo es el presidente del Congreso, los otros 159 diputados son elegibles.
El primer diputado seleccionado tendrá el rol de presidente de la Comisión, el segundo será secretario y los tres restantes tendrán el rol de vocales.
El antejuicio contra Castillo obedece a un aparente nombramiento ilegal dentro de la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), hecho ocurrido en el 2020.
Del antejuicio contra Maldonado, el titular de la cartera de Comunicaciones, no aparecen mayores registros públicos, pero los hechos se tendrán que exponer ante el pleno este miércoles.
La sesión plenaria del Congreso de la República, según lo acordado en la instancia de jefes de bloques, será a las 11 horas, en donde las dos solicitudes de antejuicio ocupan algunos de los primeros puntos de agenda.
La aprobación de la agenda de esta sesión no fue unánime, ya que algunos congresistas consideraron oportuno que los dos antejuicios tan solo se incluyeran para el despacho calificado del día.
Dando seguimiento a los antejuicios, para la integración de las dos comisiones pesquisidoras durante la plenaria del jueves, ya que no hacerlo de esa manera, a su consideración, incumple con el procedimiento.
En contra
Uno de los diputados que defendió el argumento anterior fue Álvaro Arzú Escobar, jefe de bloque de Partido Unionista. “Estos temas por la relevancia que tienen es importante que cuidemos todas las formas, y me refiero a cuidar las formas legales”.
El congresista cuestionó la forma en que algunos diputados optaron por agilizar las dos comisiones, ya que es algo que a su juicio despierta algunas dudas.
“Pareciera que tienen algún nivel de prisa de conocer esto, porque la ley dice cuál es el procedimiento, pero genera duda cuál es la intención de conocerlo con esta velocidad”, dijo Arzú.
Para Sonia Gutiérrez, jefa de bloque Winaq, este caso no se tiene que tomar a la ligera, “esto debe de estar sujetado a la ley, no podemos cometer ninguna ilegalidad. De seguro se debe de interpretar la norma, pero sí pediría una consulta a Dirección Legislativa o a donde corresponda”.
La parlamentaria enfatizó que este proceso debe de hacerse con los lineamientos que marca la ley, “que no caiga en una intención de carácter política o espuria, tenemos que sujetarnos a la ley”.
También Rudio Lecsán Mérida, jefe de bloque de Partido Humanista, es de la idea que se está saltando un paso. “En despacho calificado se estaría dando a conocer al Pleno la existencia de esos antejuicios de los que los diputados desconocemos que pueda haber en esos expedientes”, indicó.
Si se tramitan de la forma en que acordó la mayoría de los jefes de bloque, según Lucrecia Marroquín, jefa del bloque Valor, podría significar complicaciones legales. “No que después vengan otros órganos a querernos jalar las orejas diciendo que no cumplimos con el proceso”, dijo.
La mayoría de diputados no quiso opinar sobre el tema, y los pocos que lo hicieron indicaron que lo mejor era dar cumplimiento a algo que está mandando la ley.
“De mi parte, de nuestra bancada, no hay ninguna prisa de seguir conociendo, pero sí cumplir antes del día jueves de lo que dice la ley”, señaló Óscar Chinchilla, jefe de bloque de Compromiso Renovación y Orden (Creo).
Promete transparencia
La presidenta del Congreso, la diputada oficialista Shirley Rivera, dijo que no existe ninguna forma en que el sorteo pueda ser manipulado en ninguna de las dos comisiones pesquisidoras que deberán de integrar este miércoles.
“Realmente no hay ninguna intención de hacer eso, se va a hacer de la forma más transparente posible, se va a hacer grabado al momento en que se haga el procedimiento”, explicó.
Incluso, dijo que cualquier diputado puede ver el proceso de cerca y analizar el procedimiento. “Vamos a invitar a integrantes de bloques legislativas, para que si quieran las pesan o vean qué procedimiento utilizan para que vean que es transparente”, dijo la parlamentaria.
También se intentó conseguir la postura del diputado Manuel Conde, jefe del bloque de Partido de Avanzada Nacional (PAN) y excandidato presidencial de Vamos, pero se limitó a decir lo siguiente: “No voy a dar opinión hasta que se conozca”.
Rechaza denuncia
El vicepresidente de la República Guillermo Castillo aseguró que la solicitud de retiro de inmunidad en su contra es una situación política, pues la denuncia planteada que dio pie al proceso no se sostiene jurídicamente. “Se refiere a un nombramiento que se hizo por dos meses en el año 2020 en consecuencia de que el secretario general de esa época renunció para irse a otra posición” refirió el vicemandatario.
Además, en su defensa explicó que el nombramiento del secretario general de la Senabed debe llevar un proceso de comisión de postulación según su ley orgánica en el artículo 15, pero debido a que se quedó sin vacante ese puesto por dos meses, la ley establece que por ausencia definitiva se puede nombrar a una persona solamente para terminar el período.
Castillo añadió que de ser citado al Congreso asistirá para informar y hacer los descargos respectivos.