Washington sanciona con base a distintas leyes que, aunque se parecen tienen sus propios matices. Unas son más fuertes, otras se aplican desde hace años, mientras que algunas son más recientes. No se aplican solo a Guatemala, aunque al menos una está dirigida específicamente a Centroamérica.
Dentro del abanico de herramientas con que cuenta EE. UU. está las sanciones económicas y financieras que emite por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, en inglés) cuyo fin es “prevenir que los países, entidades, e individuos, usen el sistema financiero estadounidense para propósitos que van contra la política extranjera de EE. UU. y sus objetivos de seguridad nacional”.
La Ofac utiliza la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos aplicada principalmente para sancionar a violadores de derechos humanos, por casos como asesinatos o torturas; sin embargo, también es utilizada en contra de funcionarios de gobiernos involucrados en actividades ilegales.
La lista incluye hoy en día a más de cinco mil nombres de individuos, entidades gubernamentales, compañías, y buques con mercancía localizados en todo el mundo. Entre los sancionados se encuentran múltiples nombres de actores guatemaltecos, entre políticos, diputados, exdiputados, así como compañías y negocios privados.
La sanción implica la congelación de activos que tenga en el país y la prohibición de ingreso.
EE. UU. también restringe el ingreso al país bajo la Sección 7031 (c), Ley de Asignaciones sobre Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado. A diferencia de la anterior, castiga a funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares inmediatos sobre quienes el secretario de Estado tenga información fidedigna que están implicados, directa o indirectamente, en “corrupción significativa”.
La semana pasada se supo de al menos 12 personas que habían sido sancionadas bajo la Sección 212 (a) (3) (C), Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta básicamente limita el ingreso de un extranjero a EE. UU. si por motivos razonables se considera que su entrada o actividades “tendrían consecuencias potencialmente graves y adversas en política exterior para EE. UU”. Los nombres de los designados no se dan a conocer públicamente.
Por aparte, está la lista Engel, instrumento que fue creado en el 2020 en la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos (HR 2615). Tiene la diferencia de que está dirigida exclusivamente para Guatemala, Honduras y El Salvador —posteriormente se añadió a Nicaragua— y, salvo excepciones, los nombres se hacen públicos.
Hasta julio pasado EE. UU. había hecho 49 designaciones de guatemaltecos en este listado.
Objetivo
A consideración del exembajador guatemalteco Roberto Palomo, EE. UU. sanciona a ciertas personas con el objetivo de cambiar su comportamiento y después de que instancias oficiales han generado “abundante evidencia”. Esta no es una práctica exclusiva para Guatemala o para América Latina, precisó, sino que se pone en práctica con muchos países de todo el mundo.
A la vez, el diplomático en retiro considera que es “desafortunado” el que ciertas personalidades demeriten estas sanciones porque son situaciones “muy serias”. “Las instancias de EE. UU. hacen procesos de investigación serios y exhaustivos”, detalló.
No obstante, Palomo no descarta que, en el caso específico de las listas de personas tachadas de corrupción, pueda haber injusticias y excesos o que tengan una motivación ideológica. “Hay personas que no deberían estar en una lista y otras que no están y que deberían estarlo. Pero también hay varios que han sido vencidos y condenados, que están en esas listas porque deben estarlo”, afirmó.
“Qué tan casuístico o arbitrario es —la designación en listas—, no lo sé. Siempre he tenido dudas de si es un mecanismo cruel, pero que también puede tener precisión y exactitud”, añadió el exembajador.
“Tal vez ningún mecanismo —de sanciones— es ideal, sino más bien lo que necesitamos es que se persiga a toda la gente corrupta”, señaló.
Criterios políticos
El internacionalista y profesor universitario Roberto Wagner afirma que las designaciones a listas de actores corruptos se hacen con criterios políticos y unilaterales, similar a como en el pasado EE. UU. certificaba o desertificaba a un país en su lucha contra el narcotráfico.
En los informes de designaciones a listas solo dicen “por fomentar la corrupción, pero no dicen por qué caso o por qué razones, eso aclararía más las acciones”, subrayó.
Sin embargo, las designaciones bajo la Ley Magnitsky o las sanciones que emite la Ofac llevan investigaciones más amplias, considera Wagner, aunque revelar estas investigaciones puede depender de momentos políticos.
Por ejemplo, cita, el caso de Juan Orlando Hernández que se revelaron hasta que dejó la Presidencia de Honduras, o el del diputado guatemalteco Felipe Alejos que fue sancionado bajo la referida ley hasta dejó de ser parte de la Junta Directiva del Congreso.
“Son cuestiones de la política exterior de EE. UU. Nos guste o no es el poderío que tienen”, enfatizó.
Pero Vicki Gass, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo para América Latina y consultora estadounidense en temas de Centroamérica, afirma que las sanciones no se imponen por motivos políticos, sino basándose en pruebas y hechos de que alguien ha cometido graves actos de corrupción o acciones para debilitar la democracia.
“Los guatemaltecos saben que los y las sancionados por los Estados Unidos son corruptos o antidemocráticos, por eso hay tanta gente que votó por Bernardo Arévalo y está en las calles defendiendo la democracia”, subrayó.
¿Dan resultado?
Wagner agregó que, hasta el momento, las sanciones no han cumplido su objetivo; no obstante, refirió que las últimas que se impusieron a Guatemala pueden enviar un mensaje más “directo” a las actuales autoridades de Gobierno ya que se incluyó a personajes más cercanos. “Es como decir, cada vez los nombres van cerrando el círculo de las actuales autoridades de Gobierno”, dijo.
Por su parte, Daphne Posadas, también internacionalista, Coinciden en que, pese a que las designaciones afectan la espera personal de los señalados, “no parecen disuadirlos de continuar con las acciones que originaron las sanciones”. A nivel mediático “funcionan bien”, agregó, “pero en la práctica, parece que no ejercen la presión suficiente”.
“La respuesta —de los incluidos en las listas— parece ser apática. Estas sanciones han permitido a los actores políticos sancionados utilizar argumentos, como el de la soberanía nacional, para justificar sus acciones”, agregó.
Para Posadas, este tipo de advertencias de EE. UU. “han perdido credibilidad”. Como prueba, dijo que países como Nicaragua y El Salvador han adoptado prácticas “abiertamente inconstitucionales y antidemocráticas, sin enfrentar sanciones proporcionales” lo que ha envalentonado a los actores guatemaltecos a emular esas prácticas.
Sin embargo, Gass cree que las sanciones sí tienen un impacto “aunque no siempre son visibles”, y opina que las emitidas el pasado 30 de octubre, un día antes del cierre del proceso electoral, tuvieron “un efecto dominó”.
Además, la consultora asevera que “con seguridad” EE. UU. estudia sanciones más profundas bajo la Ley Magnistky para actores de sector público y privado. “Las sanciones demuestran la seriedad con la que la administración Biden está afrontando la amenaza a la democracia en Guatemala”, detalló.
“Soy optimista de que se están preparando otras sanciones más fuertes si el Gobierno y sus aliados siguen debilitando la democracia o poniendo obstáculos a una transición pacífica del poder”, agregó.
