Según se informó, los amparos pretenden suspender la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que se trasladó al Congreso de la República el trámite de los antejuicios contra ocho magistrados del TSE por la compra del Sistema para la Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) y por lo que el MP quiere investigarlos.
Los amparos fueron presentados por los magistrados titulares del TSE, Mynor Franco, Irma Palencia, Ranulfo Rojas y uno más planteado en conjunto por los magistrados suplentes Marlon Barahona, Marco Antonio Cornejo y Álvaro Cordón Paredes.
A los cuatro amparos ya se les dio trámite y la CC solicitó informes circunstanciados a la CSJ, previo a resolver las acciones legales.
El caso es el antejuicio 255-2023 que fue planteado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP en contra de los magistrados titulares del TSE Irma Elizabeth Valencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Maynor custodio Franco Flores.
También en contra de los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
El MP señala a los magistrados del TSE de los delitos de abusos de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.
En el amparo que presentó la magistrada Irma Palencia, se lee que el MP, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó en el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de la ciudad de Guatemala, un escrito y documentos adjuntos dirigido al Juez Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, el cual, contenía la solicitud de antejuicio.
Agrega que el juez ante quien se presentó el escrito, y a quien no iba dirigido documento, “al ver que se trataba de una solicitud de antejuicio nueva, debió limitarse a remitir al Centro de Gestión Penal la solicitud de antejuicio relacionada para que dicho Centro lo distribuyera al Juez Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala que correspondiera y que es a quien iba dirigido el mismo; empero, dicho juez de paz, sin tener competencia y sin que la solicitud de antejuicio nueva fuera dirigida a dicha judicatura, procedió a dictar resolución de fecha 26 de septiembre de 2023, en el expediente identificado como “DILIGENCIAS DE ANTEJUICIO SGT 01141-2023-02164/Secretario, indicando que se inhibía de conocer de las diligencias de antejuicio presentada y ordenó remitir todo lo actuado a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta resolviera lo que en derecho correspondiera”.
Además, señala que no se agotaron otros procesos y de eso no fue informada.
La resolución de la CSJ
El pasado 7 de noviembre se informó que por mayoría, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite (formación de causa) al antejuicio contra los magistrados del TSE que fue planteado por el MP y ordenó trasladar el expediente al Congreso de la República para que este organismo concluya con el proceso.
Según la resolución de la CJS, el MP señala que hubo “anomalías” en la forma en que se llevó a cabo la contratación de la empresa Datasys, para llevar a cabo los trabajos informáticos durante el periodo electoral del 2023.
“El Ministerio Público, dentro de la solicitud de antejuicio sostuvo que dichos magistrados hicieron constar en acta que el Tribunal Supremo Electoral suscribió el contrato administrativo donde consta la adquisición del programa informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral del año 2023 con la entidad, la Datasys Guatemala Asociada Anónimo (…) y denunciaron que al suscribir el mismo no existió una supervisión independiente del software, sino que la misma entidad, Datasys Guatemala, Sociedad Anónima, recomendó a la entidad de origen mexicano Podernet, Sociedad Anónima, para realizar dicha supervisión”, señaló la CSJ.
Por lo que, a criterio del MP, “los magistrados antejuiciados posiblemente suscribieron el referido contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado Guatemala”.
En el Congreso
El pasado 9 de noviembre, Shirley Rivera, presidenta del Congreso de la República, informó que ya fueron notificados sobre el proceso que se sigue para retirarles el derecho de antejuicio a los magistrados del TSE y afirmó que en la próxima sesión plenaria podrían integrar la comisión pesquisidora que determinará si es factible quitarles la inmunidad.
Según la Ley de Amparo y Antejuicios, el Congreso debe conocer el proceso y formar la mencionada pesquisidora para que concluya si es conveniente o no retirar el derecho de antejuicio contra los magistrados del TSE.
