Sergio Pérez, director legal regional de APM Terminals, estuvo en Guatemala la semana pasada e informó sobre el proceso de conciliación en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que se presentó en septiembre pasado, así como el avance de las negociaciones locales de un posible contrato que conserve el modelo operativo actual.
Además, afirmó que las casas matrices en La Haya y Copenhague, ya aprobaron la gestión de los recursos, pero se necesita la certeza necesaria para la continuidad del contrato. El programa de inversión se divide en varias fases, explicó el ejecutivo, quien conversó con
¿Cómo va el proceso de conciliación en el Ciadi?
El avance más relevante es que el Estado de Guatemala, ya nombró abogado para el proceso. Ahora, nosotros debemos nombrar a un comisionado, el Estado nombra al suyo y el Ciadi nombra a un tercero. Esto es para formar una comisión.
¿Cuánto tiempo puede durar ese proceso?
Los abogados dicen que seis meses a un año para la primera reunión, y luego entre dos o tres años, hasta que se llegue a un acuerdo o hasta que las partes se levanten de la mesa porque no hay acuerdos.
¿Qué buscan ustedes como parte interesada al activar este mecanismo?
Nosotros queremos, ni más ni menos, lo que hacemos: que es operar la terminal de contenedores de Puerto Quetzal, bajo condiciones legales de transparencia y esa es la razón de la que hemos ido al Ciadi, aparte de continuar invirtiendo en el puerto. Por eso estamos recurriendo a la conciliación internacional. O sea, queremos continuar con la operación portuaria, pero con el instrumento legal adecuado que nos permita desarrollar la operación, que implica inversión.
Fuera del Ciadi, ¿cómo avanza el proceso interno de negociación con EPQ en la búsqueda de un contrato temporal?
Nosotros hemos tenido conversaciones continuadas como se ha dicho en otras ocasiones, pero desafortunadamente no nos hemos puesto de acuerdo sobre cuál sería el modo y no hemos tenido una propuesta sólida que podamos estudiar.
¿Cómo es la dinámica de esas conversaciones locales?
Supongo que un poco ensayo-error; veníamos de un punto hacia otro, buscábamos una solución a medio camino, pero estamos lejos de ese medio camino. Está como ha estado en los últimos tres años: tenemos conversaciones, volvemos, regresamos, pero quizás el tiempo se está acabando.
¿Cómo se puede despejar?
Seguramente con un contrato de arrendamiento que nos dé certeza de continuar con la operación. Ese documento funciona como el 80% de las empresas que operan en el puerto y es simplemente un arrendamiento del suelo, más un contrato anexo de licencia de operación, para el movimiento de carga y operación aduanera, entre otros.
¿Qué visión tienen ustedes para el 2024?
Estamos en la antesala de detener la operación y es una gran incógnita.
Y en un escenario en que se diera la ejecutoria de la Sentencia de la Sala Quinta de Apelaciones?
Si se nos comunica la Sentencia, perdemos el permiso aduanero, dejamos de trabajar y la terminal suspende operaciones.
¿Qué seguimiento tienen desde la casa matriz?
Con todo el interés desde el CEO de la empresa.
¿Hay acercamiento con las nuevas autoridades de gobierno?
Todavía no. No sabemos quién será el responsable de dirigir la cartera de Transporte -Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda- y de Finanzas, que pueden ser los interlocutores válidos. Nuestra intención es poder resolver la disputa y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para Guatemala y para APM Terminals.
Si todo se resuelve, ¿en qué se invertirán los US$70 millones u US$80millones mencionados?
En ampliación del muelle, pavimento en patio para ampliación, nuevas grúas y sistema operativo. Los montos ya están aprobados.
Sentencia
El 27 de septiembre pasado, los magistrados de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, declararon y notificaron la nulidad del contrato de usufructo que dio origen a las operaciones de la terminal de contenedores que trabaja en terrenos que pertenecen a EPQ. De momento no hay un desalojo o interrupción en el movimiento de mercancías.
La resolución judicial ordena la ejecución de la nulidad del contrato, por lo que ya fueron notificados APM Terminals Quetzal y la EPQ, las que a su vez interpusieron recursos de reposición y aclaración, al igual que la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Por el momento, estas acciones permiten continuar las operaciones en el recinto portuario, pero el fondo del asunto no cambiará. O sea, la nulidad.
Esta situación preocupa a representantes de las cámaras empresariales y usuarios que temen que se pueda interrumpir las operaciones de la terminal de contenedores y han insistido en la búsqueda de una solución.
