Estar a cargo de juicios políticos y retirar la inmunidad a funcionarios es ilegítimo e inmoral cuando los parlamentarios son señalados de corrupción y por su mal desempeño, según analistas.
“Cuán legítimo es ante la ciudadanía que los diputados juzguen a un funcionario por este tipo de procesos, cuando ellos también están señalados. Pero así lo estipula ley, que se integre una comisión por sorteo para analizar si existen indicios. Si no, ¿quién más lo tendría que hacer?”, se pregunta Alejandro Valverth, director del Observatorio Legislativo.
Asimismo, añade que aunque no todos los congresistas están señalados, el trabajo parlamentario, en general, fue deficiente durante este mandato.
“El Congreso no fortalece a la democracia, al estado de Derecho; no apoya a la lucha contra la corrupción, sino que es partícipe de un andamiaje para la cooptación del Estado. Su trabajo ha deficiente y hasta perverso”, en opinión de Valverth.
Para el próximo período legislativo el panorama se vislumbra difícil, prosigue, si se toma en cuenta que aunque la bancada de Movimiento Semilla, a su juicio, ha votado bien y ahora contará con más diputados, no tiene mayoría.
“Si la bancada del partido Vamos es tachada de pertenecer al pacto de corruptos, entonces será difícil y hará una oposición infructífera para las necesidades del pueblo. Por desgracia, en Guatemala no entendemos la importancia del Congreso para elegir las mejores opciones”, sostiene.
Reivindicación
“En el caso del vicepresidente, esperaría que los diputados sean íntegros en analizar el tema, porque la sindicación que se le hace no es para que se le quite la inmunidad. Pero son procesos con los que pueden reivindicar su trabajo, en especial si están señalados de corrupción”, expresó Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Estudios Económicos y Sociales (Asíes).
“El desempeño de los parlamentarios ha sufrido un deterioro durante este gobierno. Es urgente que se elija a los magistrados de las cortes, porque tenemos la incomodidad de una violación a la Constitución al superarse los plazos”, agregó.
Zelaya argumenta que no todos los diputados han sido malos y cita como ejemplo a Nineth Montenegro, quien, según ella, dejó “huella y escuela en la forma de legislar”.
También considera que hay mucha “especulación” sobre cómo funcionará la próxima legislatura, debido a los procesos legales que enfrenta Semilla.
“Cuando se conforme la nueva Junta Directiva se darán señales de cómo se hará el trabajo más adelante”, concluyó Zelaya.
Aceptar proceso
Para María Isabel Bonilla, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), hay una parte de la ciudadanía que duda de la calidad moral de los diputados. No obstante, los procesos están en ley.
“No tenemos otro mecanismo, a menos que las bancadas solicitaran que en estos procesos no se permita la participación de diputados señalados en diferentes situaciones. En ese caso, sería aceptar esos señalamientos, que son a base de percepciones y no por juicios”, valora.
“Así es el sistema y hay que aceptarlo. Lo que pide la población es que se actúe con objetividad y que todo el proceso sea del conocimiento público”, puntualizó.
Para evitar este tipo de escenarios, Bonilla recomienda que los diputados sean electos por nombre —no por planilla, como hasta ahora—, pues al momento de buscar ser reelectos, su reputación tendría mucho peso y su trayectoria “será su proyección ante la sociedad”.
En la lista
Entre los diputados señalados por la Ley Magnitsky están Allan Rodríguez y Jorge Estuardo Vargas. Este último forma parte de la pesquisidora para analizar si se le retira la inmunidad al ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado.
Además, en la lista Engel fueron incluidos los legisladores Sofía Hernández, Boris España y Felipe Alejos.
En fecha reciente, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, confirmó que Estados Unidos le había retirado su visa, días después de que dicho gobierno dio a conocer que había tomado la medida con unos 12 guatemaltecos “que participaban en socavar la democracia”.
El vicepresidente Guillermo Castillo será investigado por el nombramiento al parecer irregular de Ángela Marina Figueroa Molina, quien de forma interina dirigió la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.
Entre los parlamentarios que integran la comisión pesquisidora está Napoleón Rojas, de la extinta bancada Unión del Cambio Nacional, fundada por Mario Estrada, quien guarda prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, en Estados Unidos.
Además, Rudy Pereira Delgado, inscrito por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el 2019 por el partido FCN-Nación, pese a que era investigado por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
A los anteriores se suma Rudy González Cardona, quien fue vinculado al caso de su secretario, Elder Morales, detenido en flagrancia cuando cobraba una comisión a dos personas que habían sido contratadas en el Fondo Social de Solidaridad.
Hoy se conocería quiénes son los diputados que integren la pesquisidora de los magistrados del TSE.
